En la máxima instancia penal de Argentina, la Cámara Federal de Casación, se está librando una intensa lucha por el poder y el control debido a la situación de la jueza Ana María Figueroa. Figueroa asumió la presidencia del tribunal en enero, pero su continuidad está en duda ya que cumplió 75 años el 9 de agosto, la edad límite para permanecer en el cargo sin una prórroga del Senado, según la Constitución.

La jueza, afín al kirchnerismo, ha estado esperando que el Senado apruebe su prórroga para no jubilarse, pero el plazo ha vencido. A pesar de esto, Figueroa no ha renunciado y sigue cobrando su salario completo, lo que ha generado controversia y críticas.

El martes, los jueces de la Casación Federal se reunieron para discutir la situación de Figueroa, y la reunión estuvo marcada por la tensión, chicanas, ataques personales y amenazas de abandonarla. Figueroa argumentó que debe continuar en el cargo hasta que se resuelva el trámite parlamentario en el Senado.

Sin embargo, la mayoría de sus colegas sostiene que su situación es inédita e improcedente, y que su continuidad impide el normal funcionamiento del tribunal y retrasa las causas. Además, señalan que la discusión no se trata de género, ya que Figueroa no ha completado el trámite necesario para renovar su pliego.

Después de varias horas de discusión, se acordó pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles a las 13:00, mientras Figueroa considera la posibilidad de tomar una licencia extraordinaria. Esta licencia, que debe ser aprobada por la Corte Suprema, permitiría que otro juez ocupe temporalmente su cargo y que el Senado resuelva su situación.

La situación de Figueroa es relevante ya que tiene un papel importante en casos sensibles, incluyendo aquellos que involucran a la expresidenta Cristina Kirchner y sus hijos. Su continuidad o renuncia podría tener un impacto significativo en el funcionamiento de la Casación Federal y en las causas que están en curso.