Han transcurrido diecisiete días desde que se reveló el escándalo protagonizado por Julio “Chocolate” Rigau, un influyente referente peronista de La Plata. Rigau fue arrestado mientras retiraba dinero de un cajero automático utilizando 48 tarjetas de débito vinculadas a cuentas de empleados de la Legislatura bonaerense. A pesar de la magnitud del caso, el gobernador Axel Kicillof ha optado por mantenerse en silencio, y su círculo cercano anticipa que no tiene intenciones de hacer declaraciones públicas al respecto, argumentando que “es la Justicia la que debe ofrecer respuestas”.

La situación de Kicillof resulta peculiar, ya que incluso sus más acérrimos opositores reconocen que no ha estado involucrado en casos de corrupción a lo largo de su carrera política. No obstante, en su papel de máxima autoridad del oficialismo provincial, se ve afectado por un escándalo que salpica a destacados líderes de Unión por la Patria y de la Cámara de Diputados bonaerense.

Desde La Plata, se ha afirmado que “el gobernador no tiene relación alguna con el caso y no conoce al implicado”. Efectivamente, no existe un vínculo directo entre Kicillof y Rigau, aunque el concejal platense Facundo Albini, tercer candidato en la lista encabezada por el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, se encuentra cerca del entorno de “Chocolate”. Alak fue quien envió el nombramiento de Juan Benavides, uno de los jueces de la Cámara de Apelaciones de La Plata que, en un fallo polémico, ordenó la liberación de Rigau y anuló el procedimiento de su detención, a pesar de que se le encontraron $1,257,000 en efectivo en una bolsa negra.

Respecto al prolongado silencio de Kicillof desde que se destapó el caso el 9 de septiembre, desde la gobernación han señalado que “no es que el gobernador no quiera opinar, sino que la Justicia debe proporcionar respuestas”. No obstante, han destacado que “ante una denuncia, es responsabilidad de la Justicia investigar y esclarecer los hechos”, y han señalado una posible intencionalidad política en torno al caso, advirtiendo que “esperamos con ansias la respuesta judicial, ya que de lo contrario se utilizará para desacreditar y ensuciar en el contexto de la campaña”.

El caso ha puesto el foco en Federico Otermín, titular de la Cámara de Diputados provincial y hombre de confianza del jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde. Sin embargo, la magnitud de las implicaciones es incierta y genera gran preocupación en el comando de campaña de Unión por la Patria. La cercanía de Insaurralde con Máximo Kirchner, líder de La Cámpora, y la intensa rivalidad entre este último y el gobernador Kicillof, añaden un elemento especial a la situación.

Por el momento, tanto los sectores involucrados como la oposición han evitado señalar culpables y han cerrado filas en una defensa corporativa. En este contexto, el funcionario de Kicillof, Julio Alak, lanzó un comentario enigmático, aunque posteriormente intentó restarle importancia. Alak señaló que “es un tema sobre el que hay que preguntarle al presidente de la Cámara (Otermín) y a los presidentes de los bloques… Bueno, a Maximiliano Abad (presidente del bloque de JxC)”.

Clarín buscó obtener la posición de Otermín, quien, en su papel de presidente de la Cámara, tiene la responsabilidad de supervisar los nombramientos que también firma Adrián Urreli, vicepresidente de la Legislatura. Sin embargo, no se obtuvo respuesta. Por su parte, desde el entorno de Urreli, un estrecho colaborador del candidato a la gobernación Néstor Grindetti, se informó que no se harían declaraciones, pero se adelantó que desde la vicepresidencia se promovió “el sumario interno que realiza la Legislatura para esclarecer lo sucedido, y esta información se proporcionará a la Justicia cuando se reabra la causa tras la apelación”.

En contraposición, Maximiliano Abad, quien fue cuestionado inicialmente por su silencio, expresó que respaldará “cualquier mecanismo de investigación que arroje luz y certeza sobre una situación de sospecha”.