El vocero presidencial, Manuel Adorni, resonó con solemnidad al anunciar la estratégica decisión de Javier Milei de suprimir fondos fiduciarios que representan aproximadamente medio punto del Producto Bruto Interno (PBI), equivalente a unos 2.000 millones de dólares. Este movimiento, caracterizado por el propio Milei como la eliminación de las denominadas “cajas negras”, ha suscitado reacciones diversas y plantea una reconfiguración significativa en la administración de recursos públicos.

Sin embargo, la palabra “eliminar” parece no captar por completo la complejidad de los planes de la administración Milei, ya que, según su perspectiva, al igual que con los desechos urbanos, nada se pierde, todo se transforma. En este caso, los fondos fiduciarios serán traspasados a la custodia del Tesoro Nacional, liderado por Luis “Toto” Caputo, marcando un giro audaz y un desafío directo hacia lo que Milei ha bautizado como “la casta”.

Estos fondos fiduciarios, que algunos sectores han calificado como “cajas opacas utilizadas discrecionalmente por la política de la casta”, se nutren de recursos dinerarios o bienes transferidos a entidades bancarias fiduciarias. Aunque en el sector privado se les conoce como fideicomisos, en el ámbito público se denominan fondos fiduciarios. Esta herramienta financiera, creada en la década del ’90 durante la Convertibilidad de Carlos Menem y Domingo Cavallo, está en el centro del debate sobre su utilidad y transparencia.

Raúl Sánchez, exdirector de BICE Fideicomisos S.A., desmiente la percepción de falta de control en los fideicomisos públicos. Señala que existen diversos mecanismos de supervisión, como la Superintendencia de Servicios de Salud (SIGEN) y la Comisión Nacional de Valores (CNV). Además, destaca la función esencial que cumplen estos instrumentos financieros en el desarrollo de políticas públicas a largo plazo.

La medida adoptada por Milei, respaldada por su “triángulo de decisión” conformado por su hermana Karina Milei y Santiago Caputo, ha suscitado críticas y preocupaciones en relación con la capacidad de gestionar fondos destinados a obras públicas, especialmente en provincias como Tierra del Fuego. Históricamente, los fondos fiduciarios han sido clave para financiar infraestructura y proyectos de mediano y largo plazo, y su eliminación plantea interrogantes sobre cómo se compensará este vacío en el desarrollo de obras.

El contador Raúl Sánchez, sorprendido por la decisión de suprimir esta herramienta, destaca su importancia y eficacia. Hace referencia a un caso específico en el que los fondos fiduciarios atrajeron inversiones extranjeras de Arabia Saudita, ilustrando así su potencial para fortalecer la economía nacional.

En el escenario político, Milei, bajo su lema de “libertad versus casta”, busca redefinir la política económica del país. Aunque algunos analistas, como Gerardo Uña, sugieren la necesidad de establecer un marco adecuado y previsible para la gestión de los fondos fiduciarios en la implementación de políticas públicas a largo plazo.

La ofensiva de Milei, que incluye la introducción de las “leyes Fitito”, busca consolidar su visión política y económica. Estas leyes, denominadas así en alusión al icónico Fiat 600, abordarán diversos temas, desde reformas económicas hasta cuestiones relacionadas con el Código Penal, buscando hacer más evidente la “grieta moral” que Milei ha planteado en su discurso.

Este giro audaz de Milei, combinando la eliminación de fondos fiduciarios con la introducción de leyes concretas, resalta su determinación de marcar un antes y un después en la administración de los recursos públicos. La implementación exitosa de esta estrategia podría significar un cambio significativo en la dinámica política y económica del país.