Este lunes, el Gobierno remitió al Congreso el proyecto de ley ómnibus con ajustes consensuados entre los diversos bloques en Diputados, con el objetivo de obtener un dictamen favorable y llevarlo a debate en los próximos días. El nuevo texto ofrece mayores precisiones sobre cuestiones cruciales como emergencia social, retenciones y jubilaciones, reflejando ajustes que han sido objeto de acuerdos.

Como se anticipó la semana pasada según Ámbito, el proyecto ha experimentado modificaciones en varios capítulos de la “Ley Bases” del Gobierno. Según el texto enviado al Congreso, “se realizaron cambios en la estructura y redacción del proyecto a los fines de mejorar la técnica legislativa y favorecer su lectura”.

Entre las consideraciones destacadas, se destaca la eliminación de la emergencia social y en defensa. En este sentido, el proyecto indica: “Se eliminó la emergencia en materia social y de defensa y se redujo el plazo de las delegaciones legislativas a un año, con la posibilidad de prorrogar por un año más con aprobación del Congreso”.

Este ajuste limita el plazo de vigencia de la emergencia de 4 años (2+2) a 2 años (1 año + 1 año prorrogable por el Congreso), una modificación respecto a la propuesta inicial del Poder Ejecutivo.

En relación al cálculo de haberes jubilatorios, el proyecto modificado establece la fórmula que el Gobierno utilizará. A pesar de las tensiones en las negociaciones con la oposición, se confirma que “el Gobierno va a cumplir con el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo respetando la fórmula actual”. Sin embargo, a partir de abril, se propone una actualización automática por inflación mensual basada en el último dato de inflación disponible del INDEC.

Además, en el ámbito de las jubilaciones de privilegio, se destaca la eliminación de dichos beneficios para presidente y vicepresidente, una medida significativa en el proyecto modificado.

En cuanto a los derechos de exportación y retenciones, se aborda la propuesta de “retenciones cero” para las economías regionales, a solicitud de varios gobernadores. El texto indica que los derechos de exportación “se establecen en 0% para las economías regionales” mencionadas en la iniciativa. Asimismo, se elimina la facultad del Poder Ejecutivo para aumentar los derechos de exportación, manteniendo solo la facultad de reducirlos.