“Apagamos y a los tres días se vuelve a prender”. En un tono un poco victimizante Juan Cabandié intentó justificar su gestión al frente del Ministerio de Ambiente de la Nación. Fue este miércoles por la tarde, desde las 17 h, en el Senado. El funcionario nacional, fuertemente criticado por la forma en que viene actuando ante el desastre ambiental que ocurre en Corrientes, buscó justificarse y trasladar culpas.
En una sintonía que pareció preparada de antemano, concentró la responsabilidad en la acción de productores rurales a los que el Poder Judicial no investiga ni sanciona. “Íbamos a apagar y a los tres días estaba prendido de vuelta. La Justicia no descubrió a una persona”, señaló, a modo de ejemplo, en relación a hechos ocurridos en la provincia de Entre Ríos. El mismo tono marcaría otras intervenciones del funcionario a lo largo de la extensa reunión, que terminó pasadas las 22 h.
A pesar de los reproches de los senadores opositores, Cabandié estuvo lejos de algo parecido a una autocrítica. No solo reivindicó su gestión en general, sino que rechazó reiteradamente que la cartera que dirige hubiera demorado su actuación en Corrientes. Citando fechas y documentos, el funcionario afirmó haber estado desde el primer momento asistiendo a la provincia. Sin embargo, un dato objetivo de la realidad es que el ministro recién viajó a la provincia en la última semana, cuando ya habían transcurrido alrededor de dos meses de voraces incendios.
Cabandié intentó concentrar las responsabilidades en los productores rurales, desligando al Estado nacional en la medida de lo posible. Con esa finalidad, en la reunión afirmó que “el 95 % de los incendios se produce por acción humana”. Agregó, además, que esos incendios se producen “en su mayoría por intencionalidad; en menor medida por imprudencia.
Las críticas también fueron enderezadas contra los Poderes Ejecutivos y Judiciales de los diversos distritos. Así, señaló “no tenemos ni la competencia para definir la política agropecuaria ni para apresar a quienes queman. Pero siempre nos pusimos a disposición de la Justicia porque si se cruzan los mapas que tenemos con los catastros se determina quién incendia en cada lado”.
Las afirmaciones del ministro resultan casi absurdas. Cabandié habla y acusa como si hace décadas no se afianzara en la Argentina un modelo que otorga jerarquía al agronegocio”. Ni los desmontes ni la desforestación empezaron hoy, sino que son parte de un proceso productivo general que tiene al uso intensivo de la tierra en su centro. Son resultado de una política persistente de explotación de la tierra orientada a maximizar la extensión y el rendimiento de la misma en función de la exportación.
Ese esquema de producción en el campo no es nuevo. De hecho, se desarrolla desde hace décadas y tuvo un impulso notorio durante los años de Menem, de la mano de Felipe Solá, entonces funcionario de Agricultura y ex canciller de Alberto Fernández.
Pero, además, ese esquema se perpetuó en los años de Gobiernos kirchneristas. La reprimarización de la economía empujó y acompañó un desarrollo de la frontera agrícola que explica, en gran medida, los procesos de desforestación y desmontes. En ese sentido, los productores a los que acusa Cabandié continúan un modelo de agronegocio que se extiende hace tiempo.
Este miércoles por la tarde fue la oposición de derecha de Juntos por el Cambio la que defendió a esos sectores de las patronales rurales. Sectores que, en muchos casos, están muy lejos de ser pequeños productores. Se trata, por el contrario, de grandes propietarios de tierras que apelan al fuego como herramienta para maximizar el rendimiento de las tierras.
Sin embargo, este esquema general no es cuestionado por el oficialismo del Frente de Todos, que considera al sector del llamado campo un proveedor necesario de las siempre escasas divisas (dólares), hoy mayormente destinadas a los pagos de la deuda pública, en el marco de la negociación con el FMI.
Es esto lo que explica las enormes inconsistencias del relato oficial. Durante la reunión Cabandié llegó a señalar que, para combatir la crisis ambiental, es necesario “poner en discusión una ley de humedales, que lamentablemente perdió estado parlamentario”.
La afirmación resulta indignante. Ese proyecto perdió estado parlamentario por responsabilidad del oficialismo y la oposición de derecha, que lo derivó a múltiples comisiones y nunca decidió llevarlo a discusión en el recinto.
