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El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, fue autorizado por la Justicia a realizar tres viajes al exterior a partir de este miércoles, en el marco de compromisos vinculados a la CONMEBOL y la FIFA.
La decisión fue tomada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien la semana pasada procesó al dirigente y ahora habilitó sus salidas del país, pese a que tiene vigente una restricción que lo obliga a solicitar permiso judicial para cada desplazamiento.
Según fuentes judiciales, Tapia viajará primero a Luque, en Paraguay, entre este miércoles y el viernes. Luego, del 23 al 26 de este mes, se trasladará a Quito, Ecuador, para participar en reuniones relacionadas con el programa “Fondos Evolución” y en el 82° Congreso Ordinario de la CONMEBOL, organismo del que es vicepresidente.
El tercer viaje será a Vancouver, Canadá, entre el 29 de abril y el 1° de mayo, donde se desarrollará el 76° Congreso de la FIFA. Ese país será una de las sedes del próximo Mundial, junto con Estados Unidos y México.
Para obtener la autorización, el titular de la AFA presentó las invitaciones correspondientes, detalles de su agenda y los lugares de alojamiento. También informó que el traslado a Paraguay se realizará en un avión privado de la empresa Baires Fly, actualmente bajo investigación en una causa por presunta facturación apócrifa vinculada a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Al fundamentar su decisión, el juez Amarante sostuvo que “no existen elementos objetivos que impidan la salida del territorio nacional en las condiciones informadas”. Además, destacó que, a diferencia de un pedido anterior —en el que Tapia había solicitado autorización abierta por 60 días—, esta vez la solicitud es “concreta, acotada y susceptible de control”, y no interfiere con medidas procesales pendientes.
El magistrado también mantuvo una caución de 30 millones de pesos, ya depositada en el marco de autorizaciones previas.
Tapia fue procesado junto a otros dirigentes de la AFA —entre ellos Pablo Toviggino, Gustavo Álvarez, Cristian Malaspina y Víctor Blanco— por presunta apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social, ambos agravados.
De acuerdo con la investigación, la entidad habría omitido el pago en término de unos 19.300 millones de pesos en impuestos y aportes entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, pese a contar con fondos suficientes. En el caso de Tapia, el juez subrayó su rol como presidente, titular de las cuentas bancarias y responsable de la clave fiscal de la institución.
Las defensas apelaron los procesamientos, por lo que la Cámara en lo Penal Económico deberá revisar la resolución en las próximas semanas.
