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El juicio oral por la causa de los Cuadernos se reanudó este martes con una nueva serie de negativas a declarar por parte de empresarios arrepentidos y con cuestionamientos de las defensas, que rechazan la incorporación de sus testimonios previos como prueba sin posibilidad de someterlos a contrapreguntas.
El primero en optar por el silencio fue Benjamín Romero, titular de Hidrovía SA, quien se negó a declarar ante el Tribunal Oral Federal 7. A partir de ello, la defensa del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, volvió a advertir que se vulnera el derecho de defensa al impedir el contrainterrogatorio. El planteo fue acompañado por representantes legales de los exfuncionarios Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime.
En la misma línea, también se negaron a declarar Hugo Dragonetti (Panedile), Rodolfo Poblete y Adrián Pascuchi.
Distinta fue la actitud del empresario Jorge Balán, de Industrias Secco, quien aceptó responder preguntas, aunque únicamente de su defensa. Durante su exposición, sostuvo que el exfuncionario Roberto Baratta le solicitó un aporte para la campaña oficialista. “Sí o sí debía aportar. No me indicó monto. Decidí hacerlo, fue una decisión mía. Cometí la falta de no pedir recibo”, afirmó. Balán reconoció tres entregas de dinero, pero aseguró que no estuvieron vinculadas a la obtención de beneficios en contratos públicos.
Tras un cuarto intermedio, declaró el exasesor de la Secretaría General de la Presidencia, Julio Daniel Álvarez, quien se mostró dispuesto a responder preguntas de todas las partes y proclamó su inocencia. En ese marco, cuestionó la investigación al señalar que el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio “compraron pescado podrido”.
Álvarez negó haber participado en maniobras delictivas o haber presenciado situaciones irregulares, incluyendo el traslado de dinero. También repasó su trayectoria desde sus inicios en la administración pública de Santa Cruz hasta su desempeño junto a Néstor Kirchner en la Casa Rosada. Aseguró que su imputación por encubrimiento carece de sustento y relató que rechazó la posibilidad de convertirse en imputado colaborador durante su detención.
Finalizada su declaración, el presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, dio por concluida la audiencia y dispuso un cuarto intermedio hasta el jueves a las 9, cuando continuarán las indagatorias.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera, los empresarios imputados habrían integrado un esquema de recaudación ilegal entre 2003 y 2015, mediante el pago de sobornos a cambio de contratos de obra pública. Las conductas investigadas van desde cohecho activo hasta distintos grados de participación en esas maniobras a través de estructuras empresariales. En el caso de Álvarez, se le atribuye encubrimiento.
Varios de los acusados que comparecen en esta etapa ya habían declarado como imputados colaboradores durante la instrucción, aportando datos sobre el circuito de recaudación descripto en los cuadernos del exchofer Oscar Centeno. Sin embargo, la mayoría opta ahora por no declarar, lo que alimenta los cuestionamientos de las defensas.
Entre quienes guardaron silencio se encuentra el propio Centeno. En audiencias anteriores, el empresario Alberto Tasselli describió presiones para realizar pagos vinculados —según le indicaron— a campañas electorales. Relató haber entregado unos 300 mil dólares y señaló a Nélson Lazarte, colaborador de De Vido, como quien retiraba el dinero.
El proceso, que tiene a la ex presidenta Cristina Kirchner como principal acusada por presunta asociación ilícita, incluye a otros 85 imputados entre exfuncionarios y empresarios. El tribunal está integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, con Fabiana León como fiscal. Las audiencias se realizan los martes y jueves, en modalidad semipresencial, desde los tribunales de Comodoro Py.
