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La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, avanza en una reconfiguración profunda de la política social que tiene como eje el cierre definitivo del programa “Volver al Trabajo”, sucesor del “Potenciar Trabajo”. El esquema, que alcanzaba a unos 900 mil beneficiarios con una prestación de $78 mil, será reemplazado por un modelo centrado en la infancia, la capacitación laboral y una mayor intervención estatal en educación y contención social.
La decisión se inscribe en la estrategia del gobierno de Javier Milei de desarticular los mecanismos de intermediación que dominaron la asistencia social en las últimas décadas y redirigir recursos hacia sectores considerados prioritarios. En ese marco, el Ministerio de Capital Humano se consolidó como pieza clave de un enfoque que combina ajuste del gasto, focalización y rediseño institucional.
Uno de los datos que aceleró la decisión fue la baja adhesión a los programas de capacitación: de los casi 900 mil beneficiarios, solo 138 mil se inscribieron para acceder a cursos de formación. En el Gobierno interpretan esta cifra como una señal de escaso interés o de inserción previa en actividades informales.
El diagnóstico oficial cuestiona el funcionamiento del esquema anterior, al que considera carente de controles efectivos, con baja trazabilidad y atravesado por lógicas de asignación discrecional. También señalan que el congelamiento del monto durante dos años redujo su impacto real, mientras que la mayoría de los beneficiarios complementaba el ingreso con trabajos informales.
Según fuentes oficiales, el programa tuvo resultados marginales en términos de inserción laboral. A partir de esa evaluación, el Ejecutivo sostiene que el sistema terminó funcionando como un mecanismo de financiamiento indirecto de organizaciones sociales y estructuras territoriales.
Con el cierre del programa, los recursos serán redistribuidos hacia nuevas líneas de acción. Entre ellas, se destaca un sistema de capacitación basado en vouchers que los beneficiarios podrán utilizar en instituciones validadas por el Estado, inicialmente a través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y otras entidades. El objetivo es adaptar la oferta formativa a las demandas específicas del mercado laboral en cada región.
En paralelo, el Ministerio impulsa la creación de centros de familia y capacitación, que integrarán formación laboral, asistencia social, apoyo nutricional y actividades comunitarias. El primer espacio de este tipo ya funciona en el barrio porteño de La Paternal, como experiencia piloto, y será replicado en otras provincias con financiamiento mixto y participación del sector privado.
Estos centros también incorporarán un componente de prevención y abordaje de consumos problemáticos, que el Gobierno considera clave para mejorar las condiciones de inserción social y laboral.
El rediseño pone un énfasis particular en la infancia. Según datos oficiales, cerca del 70% de la pobreza afecta a niños y adolescentes, lo que motivó la reasignación de recursos hacia programas como la AUH, el Plan Alimentar y la iniciativa Mil Días, cuyos montos fueron incrementados significativamente.
En esa línea, se proyecta ampliar la jornada escolar en unas 7.000 instituciones consideradas vulnerables, con el objetivo de reforzar contenidos básicos, garantizar la alimentación y aumentar el tiempo de permanencia de los alumnos en el sistema educativo.
El nuevo esquema se implementa de manera gradual, con pruebas piloto que luego se escalan, en contraste con modelos anteriores de aplicación masiva. Sin embargo, el proceso de transición convive con un aumento de la conflictividad social: en los últimos días, organizaciones piqueteras protagonizaron protestas en accesos a la Ciudad de Buenos Aires, en algunos casos con episodios de violencia.
En el Gobierno interpretan estas manifestaciones como parte de la reacción de sectores que pierden capacidad de influencia ante el desmantelamiento del sistema de planes.
El cambio en la política social no sólo redefine el destino de los recursos, sino también su lógica de distribución: de un esquema basado en transferencias generalizadas a otro que combina focalización, capacitación y corresponsabilidad. El desafío será sostener esa transición sin deteriorar los ingresos de los sectores más vulnerables y demostrar resultados concretos en empleo y reducción de la pobreza.
