La Justicia ha recibido una denuncia penal contra el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Roberto García Moritán, por la supuesta contratación irregular de 384 empleados en su ministerio y por la realización de contrataciones millonarias de servicios con distintos proveedores. Estas acusaciones también incluyen irregularidades relacionadas con fundaciones y donaciones, según lo expuesto en la presentación judicial.

La denuncia fue presentada en los tribunales de Comodoro Py por Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, quien acusa a García Moritán de “malversación de caudales públicos” y “peculado”. La causa ha sido asignada al juzgado federal N° 1.

Miguez recordó que en febrero pasado un grupo de legisladores opositores al gobierno de Jorge Macri denunciaron públicamente la contratación de personal que supuestamente no trabajaría en el ministerio, con la implicación de que García Moritán recibiría un porcentaje como “aporte partidario”. A pesar de esta denuncia, el denunciante señala que, hasta la fecha, no se han presentado informes por parte de García en la Legislatura, ni han surgido otras denuncias formales.

“Estas acciones se conocen como ‘carpeteazos’, es decir, denuncias sin pruebas destinadas a presionar al Gobierno. Todo esto se hace sin que se haya iniciado un procedimiento administrativo”, aclaró Miguez.

Según la denuncia, García Moritán habría nombrado a 384 personas en solo seis meses, con sueldos que superan el millón de pesos, sin que su trabajo sea considerado imprescindible ni que haya una correlación adecuada con las tareas requeridas en el ministerio. Además, se afirma que ha realizado contratos con proveedores por sumas millonarias, en algunos casos a precios muy bajos, para eventos de naturaleza cuestionable, financiados por el Gobierno de la Ciudad.

Asimismo, la denuncia sostiene que García Moritán no dudó en asignar puestos a familiares de aliados políticos, como Aylén Santoro, hermana del legislador Yamil Santoro, quien recibe un salario de 947 mil pesos mensuales, con un aumento programado para marzo.

El denunciante ha solicitado a la Justicia la realización de diversas medidas de prueba para investigar las acusaciones presentadas. La situación pone de manifiesto la creciente tensión en el ámbito político y administrativo de la ciudad, así como la preocupación por la transparencia en la gestión pública.