La desorientación es tal que la mayoría de los actores del mundo de la política esperan que hoy, alrededor de las 9, el titular de la Corte Suprema Horacio Rosatti ingrese junto a un séquito de asesores por la puerta del Consejo de la Magistratura para hacerse cargo de la presidencia del órgano de selección y remoción de jueces. Para hacer ese cálculo, pasan por alto dos datos de la realidad: el primero y más obvio es que Rosatti ya es el presidente del Consejo desde las 0 horas del sábado cuando caducó el plazo de 120 días que fijó la Corte en su sentencia de diciembre de 2021 que declaró la inconstitucionalidad del actual formato y conminó a la sanción de una nueva ley o a la reinstauración del esquema anterior de 20 miembros mientras ello ocurre, bajo sanción de nulidad. Entonces, Rosatti no tiene nada para asumir. Eso, ocurrió automáticamente durante el fin de semana y absolutamente ninguno de los movimientos que se dieron en la víspera alteraron ese panorama. Ejemplo de ello es la cautelar interina que otorgó un juez federal de Entre Ríos para intentar bloquear la designación de miembros desde el Congreso, pese a que irrumpió como novedad, no llegó a superar el umbral de relevancia técnica. En la Corte ya contaban con la información de lo que iba a ocurrir y de quiénes animaron la jugada desde la política. Todo costo para el juez Daniel Edgardo Alonso a quien el Senado le adeuda el aval a su pliego como camarista federal de Rosario. “¿Con este precedente va a ir a luchar contra el narcotráfico?”, preguntaban no sin malicia en la planta baja de Talcahuano 550.
Pataleo
Todos los vaticinios catastróficos advertidos desde las trincheras K sobre la eventual concreción de un “golpe institucional” por parte de la Corte y coronados por el tuit de domingo por la tarde que la expresidenta Cristina de Kirchner le dedicó a Rosatti basada en una publicación de un excandidato a intendente del Frente de Todos chocan contra otro dato de la coyuntura: góndola mata Consejo. Las preocupaciones por la economía, la inflación, los servicios públicos y los precios en general dominan la agenda actual del ciudadano de a pie. La objeción a lo que intuyen que ocurrirá con la Corte dentro del Consejo son cavilaciones de un microclima cada vez más reducido. Ni siquiera es un tema que interese más que a una porción del denominado círculo rojo. Con la interna oficialista en modo crónico, la distancia entre quienes ponen como prioridad una reforma judicial se empieza a contabilizar en años luz. El kirchnerismo duro tomó nota de que los funcionarios del Gobierno se lamentaron del fallo y de la situación pero sin siquiera amagar con alguna acción.
El segundo dato que desinfla cualquier expectativa sobre lo que (no) va a ocurrir hoy es que ninguno de los nuevos consejeros designados por los estamentos de jueces, abogados y académicos han jurado en la sede del Consejo, sino que es la Corte la que los convoca –de local- fijando para esa ceremonia una fecha y hora concreta. Ese proceso, pudo confirmar Ámbito, se irá completando con el correr de los días de esta semana tanto para la jueza Agustina Díaz Cordero, las abogadas Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez, y también, si como todo lo indica queda consagrada hoy entre los académicos, Pamela Tolosa de la Universidad Nacional del Sur. Recién el miércoles pasado, al filo de los feriados de Semana Santa, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y la Asociación de Magistrados certificaron el resultado de sus respectivas elecciones, paso ineludible para tramitar su ingreso formal al Consejo y su jura.
Puentes tendidos
El tercer dato que sí podría haber escapado al conocimiento público, sobre todo, de los kirchneristas que hicieron sonar su pataleo con la llegada de Rosatti, es que desde hace semanas los puentes entre el Consejo y la Corte comenzaron a tener un aceitado ida y vuelta. Cobraron relevancia los “asesores” y cada vocalía se convirtió en un virtual principado con el objetivo de ingresar a la nueva etapa con la mejor de las perspectivas posibles. Por todo esto es que Rosatti –más allá de algún papeleo pendiente- ya asumió el control y manejo del órgano de selección y remoción de jueces. Solo que esa “toma” no ocurrió con un ingreso tradicional para ocupar un despacho. En plena era digital la toma del poder fue virtual.
El error sobre el formato de la asunción del mando de Rosatti pudo haberlo inducido la asimilación a las inauguraciones que estilan los Ejecutivos, con acto y foto. Imposible que la imagen no remita a la puesta en funciones de una nueva rotonda en Chivilcoy, en un evento donde las autoridades posaban con la flamante obra, y cuyo minimalismo político lo hizo pasar a la inmortalidad como un “meme”.
Colegiado
De regreso al plano de lo real, lo que va a ocurrir efectivamente –desde hoy y durante los próximos meses- es un cambio de paradigma al funcionamiento interno del Consejo de la Magistratura. Si la previa fue la conformación de principados entre los consejeros, lo que llegará es una ratificación de un modelo colegiado de toma de decisiones para el órgano. Si bien la naturaleza propia del Consejo implicaba un funcionamiento en ese sentido, lo cierto es que durante los últimos años, mucha de su actividad quedó tamizada por la grieta, lo que lo convirtió en un terreno óptimo para exhibir fricciones y no resultados. Si Rosatti logra trasladar el esquema del “colegiado” que imprimió hacia adentro de la Corte hacia el Consejo, el objetivo se traducirá en mayores consensos entre bloques que hoy parece que no podrían votar nada en conjunto. Todo por verse.
El siguiente foco estará colocado en lo administrativo. Lejos de ser una “caja” apetitosa, el balance del Consejo es una batalla contra “el rojo” permanente. La escasez de recursos en un ámbito donde el 92% de los fondos se destinan al pago de sueldos tornan urgentes reformas desde el punto de vista edilicio y de condiciones materiales de existencia para los judiciales. Eso aguarda el mundo judicial, mucho más que ponerse a analizar las ternas y las sanciones. El contexto es de un presupuesto que no fue actualizado (por la negativa a aprobarlo) y requiere pasar la gorra por la Casa Rosada cada vez con mayor frecuencia. En una reunión con la Junta de Cámaras Federales, el propio Rosatti adelantó a los jueces –laborales en particular que pujaban por conseguir unos 300 contratos fuera de presupuesto- que encontrarían respaldo en la Corte para ir a defender el presupuesto ante el propio Congreso.
Tampoco será del todo válida la fantasía de que la Corte en su doble rol pueda manotear la caja del Fondo Anticíclico que posee para pagar gastos corrientes. En dos meses y medio se agotarían los fondos. Las condiciones de trabajo de tribunales y juzgados son límites, en muchos casos. El mapa judicial está desactualizado. La política no se hizo tiempo para discutir los grandes problemas del Poder Judicial ensimismados en sus propios dramas y el mundo judicial se acomodó a esa dinámica de aceptar que un puñado de magistrados tengan los reflectores y los recursos a disposición, mientras el resto quedaba vulnerable. En las próximas semanas habrá novedades en torno a cuestiones que son netamente administrativas.
Presentaciones
El otro asunto que ocurrirá mientras tanto tiene que ver con el pedido de avocación que solicitó el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires para que la Corte le saque al juez de Paraná la causa en la que deslizó una “cautelar interina”. Habrá una respuesta ante la solicitud de una de las partes en este litigio. Pero la oposición también quiere tener un protagonismo. Además de presionar para que les designen representantes de sus tribus por parte del Congreso formalizaran una presentación ante el fuero Contencioso administrativo Federal solicitando la inhibitoria del juez entrerriano Alonso. Trabarán la competencia de Paraná, con lo que la definición la tendrá la Cámara Contencioso porteña.
Cuando se den cuenta de lo que ocurrió, el Gobierno hará un diagnóstico y el kirchnerismo pondrá el grito en el cielo con un previsible pedido de juicio político a Rosatti que por ausencia de fuerzas tiene destino de cajón.
El Consejo es la llave maestra para una serie de cambios que se planifican desde la cúpula del Poder Judicial. Su nivel de éxito tendrá que mensurarse en los próximos meses.
Fuente: Ambito, Argentina
Por Gabriel Morini