Existen amplios indicios de que se han cometido crímenes en Myanmar en una escala y de una manera que constituye un ataque generalizado y sistemático contra una población civil, según el Mecanismo de Investigación Independiente para Myanmar.
ESTAMBUL
El Mecanismo de Investigación Independiente para Myanmar (IIMM) de las Naciones Unidas anunció este martes que las evidencias que apuntan a crímenes de lesa humanidad en Birmania (Myanmar) están “escalando”.
“Los crímenes de lesa humanidad continúan cometiéndose sistemáticamente en Myanmar”, afirmó el IIMM en su informe anual, publicado dos semanas antes del quinto aniversario del desplazamiento masivo de casi un millón de miembros de la etnia minoritaria rohinyá del país asiático.
El informe fue elaborado luego de haber recopilado “más de tres millones de elementos de información de casi 200 fuentes” desde que el IIMM inició sus actividades hace tres años.
“Existen amplios indicios de que se han cometido crímenes en Myanmar en una escala y de una manera que constituye un ataque generalizado y sistemático contra una población civil desde la toma del poder militar en febrero de 2021”, aseguró el informe.
Además, “la naturaleza de la criminalidad potencial también se está expandiendo”, según el informe, que puso como ejemplo la ejecución de cuatro personas por parte del ejército birmano el pasado mes.
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“La información disponible indica que miembros de las fuerzas de seguridad y grupos armados han perpetrado delitos sexuales y de género, incluidas violaciones y otras formas de violencia sexual, así como delitos contra los niños”, señaló el informe y dijo que los niños han sido torturados, reclutados y detenidos arbitrariamente.
“Los delitos contra las mujeres y los niños se encuentran entre los delitos internacionales más graves, pero históricamente no se denuncian ni se investigan”, dijo Nicholas Koumjian, jefe del IIMM.
Koumjian recalcó que “los perpetradores de estos crímenes deben saber que no pueden seguir actuando con impunidad” y advirtió que están “recopilando y preservando las evidencias para que algún día rindan cuentas”.
El jefe recordó que los rohinyá expresan constantemente su deseo de regresar, de manera segura y digna, a Myanmar. Sin embargo, el jefe dijo que “esto será muy difícil de lograr a menos que se rindan cuentas por las atrocidades cometidas en su contra, incluso mediante el enjuiciamiento de las personas más responsables de estos crímenes”.
En este sentido, Koumjian subrayó la importancia del “papel que el mecanismo desempeña a la hora de facilitar la justicia y la rendición de cuentas y ayudar a disuadir nuevas atrocidades”.
El golpe militar
La historia de la mayoría budista de Myanmar está repleta de regímenes militares.
El último golpe, que se llevó a cabo en febrero del año pasado, fue recibido con disturbios civiles masivos. El ejército ha utilizado la fuerza para sofocar la resistencia y ha matado a más de 2.000 personas, según la Asociación de Asistencia a Presos Políticos.
La ONU estima que más de 700.000 personas fueron desplazadas internamente el 1 de junio, incluidos más de 250.000 niños.
La junta militar ha condenado a muerte a unas 117 personas desde el golpe militar del año pasado, incluidas 41 que fueron condenadas en ausencia.
El pueblo rohinyá
Los rohinyá, descritos por la ONU como el pueblo más perseguido del mundo, se han enfrentado a mayores temores de ser atacados desde que decenas de personas murieron en medio de la violencia comunitaria en 2012.
Además, desde el 25 de agosto de 2017, casi 24.000 musulmanes rohinyá han muerto, mientras que más de 34.000 fueron arrojados al fuego y más de 114.000 fueron golpeados.
En medio de aquella ola de violencia, cerca de 18.000 mujeres y niñas rohinyá fueron violadas, más de 115.000 hogares incendiados y otros 113.000 destrozados por fuerzas del Estado de Myanmar, según un informe de la Agencia de Desarrollo Internacional de Ontario (OIDA).
Más de 750.000 refugiados rohinyá, en su mayoría mujeres y niños, huyeron de Myanmar y cruzaron hacia Bangladés después de que las fuerzas de Myanmar lanzaran una ofensiva contra la comunidad musulmana minoritaria en agosto de 2017, con lo que el número de personas perseguidas que se refugia en Bangladés ascendió a más de 1,2 millones.
*Traducido por Daniel Gallego.
