El Gobierno y Horacio Rodríguez Larreta protagonizan otro duro enfrentamiento, esta vez por el revalúo de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires. La tensión ya se había vuelto a expresar con la falta de acuerdo sobre el recorte de coparticipación federal, que debe resolver la Corte Suprema de Justicia. Este nuevo cruce es un dato que trasciende la disputa entre el Gobierno nacional y la gestión macrista, porque agrava el cuadro en el Congreso y va a contramano de la posibilidad de consensos frente a la delicada situación económica.

El acuerdo con el FMI había producido un particular escenario político. El oficialismo mostró el grado de profundidad de su disputa interna, con fractura en la votación en las dos cámaras del Congreso. Y Juntos por el Cambio logró cambios en el proyecto original y finalmente posibilitó el aval legislativo al entendimiento con el Fondo, aunque no al plan para hacerlo efectivo.

La ofensiva sobre Rodríguez Larreta, con la búsqueda de respaldo de los gobernadores del PJ y aliados, ya había tenido otro pico con la iniciativa oficial para transferirle los costos del subsidio al transporte de pasajeros. Luego fue retomada la pelea por los fondos de coparticipación, recortados en medio de la primera cuarentena para atender un refuerzo de fondos a la provincia de Buenos Aires, específicamente en Seguridad.

La pulseada por la poda de recursos federales llegó a la Corte por el reclamo porteño. Y ahora está en el tramo final. En este contexto, el ministro Eduardo “Wado” de Pedro y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, motorizaron un encuentro de gobernadores coronado con una fuerte advertencia al máximo tribunal. Acompañaron la jugada los jefes provinciales del PJ y aliados. Los gobernadores de la UCR evitaron la reunión, al igual que el cordobés Juan Schiaretti.

Rodríguez Larreta reaccionó ahora contra la decisión de la AFIP de aumentar considerablemente la valuación de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, para lograr mayor recaudación con Bienes Personales. El jefe de Gobierno porteño dijo que se trata de una medida “ilegítima” y “discriminatoria”, que atenta contra la seguridad jurídica. Le respondió con dureza Mercedes Marcó del Pont. Además de cruces políticos, las medidas podrían terminar en otra judicialización.

Con este telón de fondo, se suman complicaciones a las conversaciones para reactivar las sesiones en el Congreso. En Diputados, Sergio Massa viene negociando con los jefes de los bloques de JxC (Mario Negri, Cristian Ritondo y Juan Manuel López) para destrabar la actividad, después de meses de parálisis, con la excepción de la aprobación del entendimiento con el FMI.

Está previsto que este martes comience el tratamiento en comisión de alguna alternativa a la ley de alquileres. Pero, en cambio, existe incertidumbre sobre la reforma al Consejo de la Magistratura, que llegaría a la Cámara baja una vez que sea sancionada por el Senado.

El oficialismo sumó a un par de aliados provinciales para avanzar con ese proyecto en la Cámara alta. Pero no hubo señal alguna de búsqueda de acuerdo con JxC. La sesión del Senado fue convocada para este miércoles, aunque podría ser postergada hasta el jueves. El punto es que en Diputados, el FdeT no cuenta hasta el momento con los votos necesarios. Y el proyecto debería convertirse en ley antes de mediados de abril, según lo dispuesto por la Corte.