La Corte Suprema de Justicia de la Nación se prepara para emitir su veredicto final sobre la condena por corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. De confirmarse el fallo de instancias anteriores, la líder peronista no solo enfrentaría una pena firme, sino que quedaría inhabilitada para competir en las elecciones legislativas de 2025.
Ante esta posibilidad, los principales sindicatos del país salieron en defensa de la exmandataria y advirtieron que una eventual ratificación judicial provocaría una reacción masiva del movimiento obrero. En un clima de creciente tensión, sectores clave como UOM, SMATA, ATE, APL y la Asociación Bancaria amenazaron con convocar a un paro nacional y calificaron la situación como una amenaza directa a la democracia.
“No podemos permitir que se proscriba la voluntad popular”, expresó Mario Manrique, secretario adjunto de SMATA, quien cuestionó la legalidad y los fundamentos de la condena judicial. “Los fallos carecen de lógica jurídica y responden a motivaciones políticas”, afirmó.
Desde ATE, Daniel Catalano difundió un comunicado titulado “Con Cristina no se jode”, donde denunció una “lógica de venganza” en el accionar del Poder Judicial y recordó el intento de magnicidio que sufrió la expresidenta en 2022. “Quieren silenciar a la principal dirigenta opositora por vías judiciales porque no pueden derrotarla políticamente”, aseguró.
Movilización y advertencias gremiales
La Asociación del Personal Legislativo (APL) se sumó a las protestas y convocó a una movilización para este lunes a las 15:30 frente a la sede del PJ Nacional, en la calle Matheu 130. Llamaron a todos los sectores del peronismo y del movimiento obrero a adherir “con fuerza y convicción”.
En paralelo, La Bancaria, que representa a los trabajadores del sistema financiero, también se pronunció con dureza:
“La democracia está en peligro. A Cristina buscan proscribirla porque es la dirigenta más firme frente al gobierno de Javier Milei y a las corporaciones que lo sostienen”, denunciaron en un comunicado oficial.
Cristina desafía desde Corrientes: “No nos van a borrar la memoria”
Este sábado, en un acto en Corrientes, la expresidenta volvió a acusar persecución judicial y ensayó una defensa política frente a los rumores de una inminente detención o inhabilitación.
“Salió el anuncio de mi candidatura y se desataron los demonios. Empezaron a pedir por todos lados que me metan presa”, señaló.
Y desafió: “Si estoy tan acabada, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?”.
Cristina respaldó al candidato a gobernador Martín Ascúa y se mostró activa en la campaña local, en un claro intento por mantener centralidad política pese a los embates judiciales.
¿Un punto de quiebre para la política argentina?
Más allá del desenlace judicial, el caso Kirchner abre una discusión más profunda sobre la relación entre justicia, política y democracia en Argentina. Para sus detractores, la confirmación de su condena marcaría un hito institucional, consolidando la idea de que la corrupción en el poder puede y debe ser juzgada sin excepciones.
Para sus defensores, en cambio, sería el punto culminante de una avanzada que intenta proscribir a una figura que aún conserva liderazgo y peso simbólico, especialmente frente a un oficialismo que busca reformas profundas en un país empobrecido y dividido.
A casi dos años de haber dejado la vicepresidencia, Cristina Kirchner continúa polarizando el escenario nacional. Ahora, la Corte tiene en sus manos una decisión que no solo definirá su futuro político, sino que podría funcionar como una bisagra en la historia reciente del país.
