Javier Milei está decidido a ampliar la carga del ajuste, focalizándose en sectores políticos y sindicales que resisten sus medidas. Tras recortar transferencias a gobernadores, subsidios al transporte y fondos educativos, ahora apunta a reducir drásticamente los recursos destinados a las obras sociales sindicales administradas por líderes de la CGT.
El Presidente, tras el paro general del 24 de enero, aceleró la ofensiva contra la “casta”, anticipando a los sindicatos nuevos recortes. En enero, no se giraron $5.000 millones a prestadoras sindicales, afectando tratamientos de alta complejidad y medicamentos costosos del programa SUR.
El ajuste amenaza con afectar servicios para discapacitados, atención médica de jubilados y monotributistas. El Gobierno proyecta recortar alrededor de un tercio de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), destinados a transporte y educación para discapacitados, obligando a las obras sociales a financiarlos con recursos propios.
La CGT, en contraofensiva, amenaza con ir a la Justicia, argumentando que este recorte perjudica a los trabajadores y desfinancia la salud pública. El FSR, administrado por la Superintendencia de Salud, se nutre de aportes de trabajadores y enfrenta una situación crítica.
Además, se proyecta dar de baja los subsidios automáticos de SUMA, SUMA+ y SANO, destinados a compensar aportes de monotributistas, jubilados y salarios bajos. La falta de diálogo y claridad genera incertidumbre en la cúpula cegetista, que espera respuestas del titular de la Super de Salud, Gabriel Oriolo, en medio de un escenario de recortes y cambios en el sistema de salud.
