La aprobación de la Ley de Bases evitó que el mercado de bonos argentinos colapsara. En un mercado optimista, una decepción habría provocado una venta masiva por parte de los inversores.
Aunque estas nuevas leyes favorecen al gobierno, no han motivado la entrada de nuevos inversores ni el incremento de las posiciones existentes. El mercado argentino se caracteriza por su cautela, sin mostrar exuberancia irracional.
Los inversores esperan el pago de la amortización y renta de los bonos soberanos en dólares, programado para el próximo 9 de julio. Ayer, el bono en pesos DICP comenzó un ciclo de pagos semestrales de amortización y renta, siendo una opción atractiva para quienes buscan inversiones ajustadas por inflación. Este bono rinde inflación más 7,72% y se paga hasta 2033 con una duración de 4 años. Por otro lado, el bono en dólares AL35, que vence en 2035, rinde 18,7% con una duración de 5,5 años. La inflación en dólares hace más atractivo al DICP.
Los dólares alternativos siguen siendo un indicador de desconfianza, cotizando en torno a $1.350 frente a los $911,75 del dólar mayorista, lo que implica una brecha del 48,1%. Esta brecha complica el escenario económico, ya que alienta a posponer la liquidación de exportaciones y acelera la compra de productos importados.
En los primeros cinco meses del año, las exportaciones fueron de u$s31.556 millones, mientras que lo efectivamente cobrado fue de u$s27.060 millones. Esta diferencia se debe a que el 20% de las exportaciones se liquida en el exterior.
Las importaciones, según el INDEC, ascendieron a u$s22.742 millones, mientras que lo efectivamente pagado fue de u$s12.253 millones, implicando una deuda de importaciones de u$s10.489 millones. El stock de reservas al 28 de junio es de u$s29.016 millones, reflejando una situación precaria.
En respuesta a estas restricciones, el Ministerio de Economía y el Banco Central lanzaron una serie de medidas como parte de la fase dos del plan económico, proponiendo una emisión cero. La primera etapa consiste en trasladar la deuda del Banco Central a la tesorería. La deuda nominada en dólares asciende a u$s10.044 millones y la deuda en pesos a $17,8 billones (u$s19.499 millones). Se creará una letra de regulación monetaria cuyo pago correrá a cargo de la tesorería, buscando una tasa de interés positiva.
El Banco Central solo emitirá pesos para comprar dólares, manteniendo el comercio exterior intervenido. Además, se compromete a una emisión cero, salvo para la compra de dólares.
Estas medidas se presentaron en una conferencia de prensa, aunque sin especificar detalles sobre el traspaso de la deuda. Las autoridades adujeron dificultades para incrementar reservas debido a la compra de energía y menores ventas de granos.
El gobierno eliminará el impuesto país cuando la tesorería pueda medir el ingreso de la recaudación de las nuevas medidas, probablemente entre agosto y septiembre. Además, el cepo cambiario continuará a largo plazo.
No se han logrado avances en el acuerdo con el FMI, ni se han mencionado nuevos desembolsos.
Creemos que los mercados abrirán en positivo, con dudas sobre el flujo de fondos de los bancos debido a las medidas adoptadas. El gobierno honrará la deuda pública el 9 de julio, lo cual es una buena noticia, pero el mercado necesita más definiciones para seguir comprando bonos.
En conclusión, el presidente busca más superávit fiscal, evitar la emisión de pesos (salvo para la compra de dólares) y elevar la tasa de interés, con el objetivo de disciplinar la cotización del dólar. No se prevé una devaluación del peso más allá del 2,0% mensual. La fase dos del plan ha sido presentada, pero quedan dudas sobre su implementación y su impacto en bonos y acciones hasta que se conozcan más detalles.
