En el último mes, el Gobierno de Javier Milei ha recibido más de 1,500 denuncias diarias a través de la línea 134, diseñada para informar sobre extorsiones y presiones vinculadas a la participación en marchas piqueteras. El informe oficial identifica a 30 organizaciones, señaladas por beneficiarios de planes sociales que denuncian el cobro de cuotas mensuales y coerciones para asistir a protestas.

La línea 134 fue establecida el 18 de diciembre pasado, en los primeros días del mandato de La Libertad Avanza, y antes de la primera marcha piquetera del 20 de diciembre, donde se implementó el protocolo antipiquete, dirigido principalmente contra organizaciones de izquierda como el Polo Obrero.

Entre las organizaciones mencionadas en las denuncias se encuentran el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (afines al kirchnerismo), Barrios de Pie, Libres del Sur, la Agrupación Darío Santillán y el Polo Obrero, entre otras. El informe destaca que de las 57,000 denuncias recibidas en 36 días, menos del 10% proporcionó datos relevantes, como nombres de organizaciones y referentes involucrados en extorsiones.

Las denuncias también mencionan presiones para participar en la marcha que acompaña al paro general de la CGT, destacando casos como el del intendente de Tigre, Julio Zamora, acusado de presionar a puesteros del Puerto de Frutos para que asistan a la movilización.

El informe revela que, entre las organizaciones sociales mencionadas, se encuentran la Organización Cuba MTR, Movimiento de Trabajadores Excluidos, Corriente Pueblo Unido, Asociación Valeria Orozco, Movimiento Redes Argentina Rebelde, FORJA, Movimiento 17 de noviembre, y otras. Además, la lucha entre el Gobierno y las organizaciones piqueteras involucra disputas de poder en la calle y temas económicos, como la distribución de los Planes Potenciar, que benefician a más de 1.3 millones de personas y están controlados por estas organizaciones. Más de 1,200 denuncias fueron derivadas al Ministerio de Capital Humano, ya que implican presiones sobre beneficiarios de planes estatales.