La Fiscalía General de La Plata tomará medidas para revertir la polémica decisión de una Cámara penal que ordenó la liberación de Julio “Chocolate” Rigau, un influyente puntero peronista, y que resultó en el colapso de la investigación sobre la extracción de dinero de 48 tarjetas de débito pertenecientes a empleados de la Cámara de Diputados.

El fiscal General, Héctor Vogliolo, ha presentado una “reserva” ante el Tribunal de Casación, la instancia superior que puede revisar esta controvertida decisión que ha generado un escándalo en los Tribunales penales de La Plata.

Vogliolo ha confirmado que en los próximos días analizará todo el expediente a cargo de la fiscal Betina Lacki y, antes de que venza el plazo establecido en el Código de Procedimiento, presentará una solicitud para revocar la liberación de “Chocolate” Rigau. La liberación también supuso el fin de la investigación que apuntaba a descubrir una posible trama de corrupción en el Parlamento provincial.

“Chocolate” Rigau fue detenido mientras retiraba 30 mil pesos de cada una de las tarjetas en un cajero del Banco Provincia. El juez de Garantías, Guillermo Atencio, consideró que su detención estaba justificada y que el proceso podía destapar una “inmensa” trama de corrupción. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones decidió su liberación, argumentando que la acción policial vulneró la intimidad del acusado al considerar que retirar dinero de un cajero no es un delito.

Este fallo ha generado descontento en el fuero y se ha especulado con posibles presiones políticas para que se frenara la causa. Rigau, según la fiscal Lacki, recaudaba al menos 27,5 millones de pesos mensuales a través de esta actividad ilícita. Se le imputaron estafas reiteradas, y la investigación buscaba determinar si había una asociación ilícita para defraudar al Estado.

El caso Rigau tenía el potencial de arrojar luz sobre prácticas de financiamiento político poco transparentes en la Cámara de Diputados provincial, pero la liberación del acusado ha suspendido la instrucción. Ahora, el Tribunal de Casación deberá decidir si la causa continúa o si se archiva como otros casos con indicios de corrupción que no avanzaron.

La decisión también ha suscitado preguntas sobre la actuación de la dirigencia política y los responsables de la conducción del cuerpo legislativo provincial, donde se mezclan distintos partidos y fuerzas políticas.

Por ahora, el futuro de la causa depende de la decisión que tome el Tribunal de Casación en respuesta a la solicitud de la Fiscalía General.