En un movimiento sorpresivo, el Gobierno tomó medidas drásticas al declarar la emergencia en el sector energético a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 55/2023. Esta acción, firmada por Javier Milei y su Gabinete, señala una intervención en los entes reguladores de electricidad y gas con el objetivo de agilizar los ajustes tarifarios.

El documento, publicado en el Boletín Oficial, establece la emergencia para los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, así como para el transporte y distribución de gas natural bajo jurisdicción federal. Según el artículo 1° del decreto, esta emergencia tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024.

El decreto también encomienda a la Secretaría de Energía de la Nación la tarea de establecer mecanismos para fijar precios bajo condiciones de competencia, mantener los ingresos en términos reales y garantizar las inversiones necesarias para asegurar la prestación continua de servicios públicos de energía.

Asimismo, se indica una revisión tarifaria y se establece que los nuevos cuadros tarifarios resultantes deberán entrar en vigencia antes del 31 de diciembre de 2024. Además, se dispone la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) a partir del 1° de enero de 2024 hasta la designación de nuevos miembros del Directorio, proceso que deberá ser iniciado por la Secretaría de Energía en un plazo de 180 días.

Los interventores designados tendrán la responsabilidad de informar sobre los procesos de renegociación, realizar revisiones tarifarias y aprobar ajustes transitorios, todo con el objetivo de asegurar la continuidad y calidad de los servicios públicos.

Además, el decreto busca involucrar a la ciudadanía en el proceso de ajuste tarifario transitorio mediante mecanismos de participación ciudadana.

El documento explica que las leyes de emergencia han resultado en el incumplimiento parcial de las normas regulatorias, afectando la eficiencia en el consumo de energía. También señala la obsolescencia de los activos de las empresas prestadoras y la falta de adecuación a las necesidades de la demanda, lo que motiva la urgencia de encauzar la prestación de los servicios bajo los marcos regulatorios y contratos correspondientes.

El decreto entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial, marcando un punto de inflexión en el manejo y regulación del sector energético del país.