En sus primeros cuatro meses en el poder, el Gobierno de Javier Milei aplicó aumentos en servicios de electricidad y gas que rivalizan con los de Mauricio Macri, a pesar de que al ex presidente le tomó más de tres años realizarlos. El término “Tarifazo” fue común durante el mandato peronista antes de su conversión en oficialismo, pero la ambición de llevar a cabo “el ajuste más grande de la historia de la humanidad” se ha visto obstaculizada por una clase media con ingresos estancados y un panorama social empeorado. Esto ha llevado al Gobierno a reevaluar su estrategia, especialmente frente a desafíos heredados pendientes y su compromiso con el superávit fiscal y la disminución de la inflación.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se encuentra en la difícil tarea de equilibrar estas demandas contradictorias. Recientemente, anunció la postergación indefinida de los aumentos planificados para mayo en luz y gas, así como la actualización del impuesto a los combustibles. Esta decisión se justifica en la prioridad de mantener un superávit fiscal cómodo, reducir la inflación y aliviar la carga sobre la clase media.

En un intento por satisfacer a este sector crucial, el Gobierno ha tomado medidas como la apertura de importaciones en la canasta básica, la reversión de aumentos en servicios de salud prepagos y la implementación de bonos de asistencia para colegios privados. Sin embargo, el desafío persiste, ya que los aumentos de servicios públicos han superado con creces el crecimiento de los salarios, afectando significativamente los ingresos familiares.

A pesar de estos ajustes, la mayoría de los usuarios residenciales aún no cubren ni siquiera una fracción del costo real de los servicios, lo que refleja la alta dependencia de subsidios estatales. El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, ha enfrentado obstáculos en la implementación de un nuevo esquema de subsidios basado en una Canasta Básica Energética, lo que ha retrasado aún más la carga de ajustes sobre los hogares.

En este contexto, el Gobierno ha decidido ralentizar su programa de ajustes, priorizando la estabilidad fiscal y la contención de la inflación. Aunque esto ha generado críticas, especialmente en lo que respecta al impacto en los sectores más vulnerables, el Gobierno busca mantener su enfoque gradual mientras busca soluciones a los desafíos económicos y sociales que enfrenta el país.