Esta semana, el Ministerio de Capital Humano bajo Sandra Pettovello presentó una nueva denuncia contra ex funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, centrada en el manejo de las Becas Progresar. Este programa, creado durante la presidencia de Cristina Kirchner y continuado por Mauricio Macri, era supervisado desde el ex Ministerio de Trabajo dirigido por Raquel “Kelly” Olmos. Una investigación reveló irregularidades, incluyendo la destrucción de documentos relacionados con las becas y un ambiente de falta de control en su asignación.

El escándalo también involucra a otras áreas, como la Dirección Nacional de Becas y Democratización Educativa, vinculada al ex Ministerio de Educación de Alberto Fernández. Se señalan negociados y falta de seguimiento en la asignación de becas a jóvenes en situación vulnerable, con similitudes al controvertido Plan Potenciar Trabajo. La falta de registros adecuados y control informático ha sido destacada como un problema grave por la Sigen.

Estas revelaciones se suman a una serie de denuncias y operaciones realizadas por el Ministerio de Capital Humano, abarcando desde comedores “fantasmas” hasta conflictos de intereses de ex funcionarios como Emilio Pérsico. Además, se está investigando cooperativas y asociaciones vinculadas a Juan Grabois, cuyo manejo de fondos públicos desde el INAES está bajo escrutinio.

El Gobierno ha tomado medidas pausando cooperativas creadas durante la administración anterior, mientras se preparan más denuncias que podrían sacudir los cimientos políticos en los próximos meses. El foco en la transparencia y el control de fondos públicos es evidente, especialmente en sectores sensibles como la educación y la asistencia social.