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A un mes del viaje a Nueva York que marcó el inicio de una etapa de mayor desgaste para el Gobierno, la Cámara de Diputados retomó la actividad con el tratamiento de la reforma de la ley de glaciares. La sesión permitió al oficialismo recuperar parte de la agenda legislativa, al tiempo que consolidó una estrategia orientada a blindar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, evitando debates que pudieran amplificar su situación judicial.
La jugada oficialista también logró frenar los intentos de la oposición de impulsar una interpelación al funcionario o de instalar en el recinto el caso vinculado a la criptomoneda $LIBRA. El escenario dejó en evidencia que la disputa de fondo se trasladará a fines de mes, cuando Adorni deba presentarse ante el Congreso para brindar su informe de gestión.
Hasta entonces, no se prevén nuevas sesiones en la cámara baja, lo que dilata el tratamiento de otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo. Si bien podrían registrarse avances en comisión, proyectos como la llamada “ley de Hojarasca” o el refuerzo de la propiedad privada quedarían, en el mejor de los casos, en etapas preliminares.
En este contexto, el oficialismo prioriza contener el impacto político del caso Adorni por sobre la búsqueda de protagonismo legislativo. En las últimas semanas, los gestos estuvieron centrados en ratificar el respaldo al jefe de Gabinete y en evitar debates que generen mayor exposición.
La reforma de la ley de glaciares, en cambio, cuenta con impulso propio y forma parte de acuerdos con gobernadores de provincias mineras, actores clave para sostener mayorías parlamentarias. Al mismo tiempo, el tema profundiza diferencias dentro del peronismo y abre margen para nuevas negociaciones con mandatarios provinciales, en un contexto de caída de la recaudación y tensiones fiscales.
Durante la sesión, la oposición intentó avanzar con iniciativas para citar a Adorni y a Karina Milei, pero no logró reunir las mayorías necesarias. Más que sorpresa, los resultados evidenciaron la falta de coordinación opositora en temas sensibles.
En paralelo, la evolución de la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito sigue condicionando el escenario político. Las declaraciones ante el fiscal Gerardo Pollicita y la intervención del juez Ariel Lijo mantienen en vilo tanto al oficialismo como a la oposición, que observa el expediente como un factor clave de cara a la próxima presentación del funcionario en el Congreso.
Mientras tanto, el oficialismo combina señales de respaldo político con una estrategia de bajo perfil en el recinto, en un intento por amortiguar el impacto del caso y ganar tiempo hasta la próxima instancia parlamentaria, donde el jefe de Gabinete deberá dar explicaciones públicas.
