Se complica la situación de la exvicepresidenta Gabriela Michetti y la extitular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso tras la difusión de los audios en los que Michetti le pide a Alonso que no avance en una investigación contra una persona que trabajaba para ella. No sólo se inició una investigación interna en la OA sino que también las funcionarias fueron denunciadas en la Justicia y la acusación cayó en manos del juez Daniel Rafecas.
La denuncia por el delito de tráfico de influencias fue realizada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten y recayó en el juzgado federal N° 6. En paralelo, la Oficina Anticorrupción, que dirige Félix Crous, inició un relevamiento de información en relación a los escandalosos audios.
La entonces vicepresidenta del gobierno de Cambiemos le pidió expresamente a la jefa de la Oficina Anticorrupción que excluya y deje de investigar a “un amigo”, una nueva muestra de cómo el Gobierno macrista hizo y deshizo a antojo investigaciones judiciales. De hecho, la causa iniciada por la denuncia de la Oficina Anticorrupción, cuando la conducía Alonso, sobre direccionar publicidad y pauta oficial fue finalmente desestimada por el entonces juez federal porteño Sergio Torres el 15 de mayo de 2019.
El abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten precisó que el 14 de febrero se filtraron audios en los que la entonces vicepresidenta de la Nación le solicita la titular del cargo de Directora de la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Nación Argentina (Oficina Anticorrupción), que cese las investigaciones llevadas a cabo contra un amigo.
“Laura necesito que te juntes con un amigo mío que está trabajando conmigo, es una persona de mi confianza, lo conozco hace mucho, y lo embocaste en una denuncia. Y encima Clarín lo nombró”, así comienza uno de los audios de Michetti para Alonso con el que el denunciante advirtió que evidencia un pedido coercitivo de la exvicepresidenta en la que acusa a Alonso de “embocarlo” al aigo de la entonces vicepresidenta con una denuncia y solicitando su cese.
“Necesitamos que te juntes con él porque la verdad es que no tiene una mierda que ver. No quiere que obviamente lo empiecen a nombrar”, reforzó Michetti en el audio que la compromete.
Según la denuncia, se deben investigar los delitos previstos en el artículo 256 bis del Código Penal que dispone: “Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, el que por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones. Si aquella conducta estuviera destinada a hacer valer indebidamente una influencia ante un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, a fin de obtener la emisión, dictado, demora u omisión de un dictamen, resolución o fallo en asuntos sometidos a su competencia, el máximo de la pena de prisión o reclusión se elevará a doce años”.
Fuente: El Destape, Argentina
