El juzgado federal de Campana, bajo la dirección de Adrián González Charvay, ha dado un paso crucial al ordenar la clausura de la investigación y la elevación a juicio oral de un caso emblemático de sobrefacturación de importaciones, triangulación de fondos y fraude a gran escala en el circuito financiero.

Revelado por Ámbito el 16 de marzo de 2023, el caso involucra la inflación de 24 importaciones de maquinaria pesada destinada a operar en Vaca Muerta, con el objetivo de obtener dólares del BCRA a un tipo de cambio oficial y sacarlos al exterior. Este esquema desvió unos 92,339,778 dólares a través de instrumentos financieros, aprovechando la brecha cambiaria.

El Tribunal Oral Federal N°4 de San Martín ha sido designado para llevar adelante el juicio oral contra los cuatro procesados: Oscar César Darío Güercio, Damián Strier, Pablo Andrés Marull y Karina Cantafio. Los delitos imputados incluyen contrabando agravado en concurso ideal con defraudación a la administración pública, junto con un caso de fraude en tentativa.

Lo sorprendente fue el cambio de abogados por parte de dos de los principales imputados, Güercio y Strier, quienes ahora están representados por el estudio Cúneo Libarona, dirigido por los hermanos del actual Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. Este hecho ha generado controversia debido a las medidas en curso, como embargos de fondos en el exterior, que requieren cooperación internacional a través del Ministerio de Justicia.

En uno de los allanamientos a NRG Argentina SA se descubrió un manuscrito con un diagrama de la operatoria a nivel financiero

La investigación ha desentrañado una trama compleja que involucra la colaboración de agencias internacionales, como Homeland Security de los Estados Unidos, y ha revelado múltiples allanamientos que han proporcionado pruebas contundentes, incluyendo un diagrama manuscrito del circuito ilegal utilizado en la operación.

Con el juicio oral en el horizonte, aún queda por descubrir si hay más capítulos en esta historia, incluida la posible participación de fondos rusos y una ONG radicada en Puerto Rico. Este caso continúa siendo uno de los más significativos en la historia judicial, con implicaciones tanto nacionales como internacionales.