La imagen es cruel y el contraste impactante. Por un lado, en el pequeño pueblo de Erzin, en la provincia de Hatay, la región del sur de Turquía más afectada por el terremoto del 6 de febrero, estaban de pie los 42.000 habitantes y sus pequeñas casas. Por otro, la región circundante y sus paisajes apocalípticos, barrios enteros arrasados ​​de Antakya o Dörtyol, aplastados como hojas de papel, con escenas de desolación y muerte.

Con la excepción de algunas casas y minaretes de mezquitas, Erzin no registró daños, víctimas ni heridos. Al ser consultado, el joven alcalde del municipio, Okkes Elmasoglu, dijo que nunca había autorizado ninguna construcción ilegal. “Algunos lo intentaron”, dijo. “Luego los denunciamos a la oficina del fiscal y tomamos la decisión de demoler los edificios”.

La mayoría de las casas aquí son de una o cuatro plantas. El edificio más alto tiene seis pisos. “Todos necesitamos cambiar radicalmente nuestra mentalidad”, agregó el funcionario. “Si se va a destruir una casa, debemos ser disciplinados, el Estado no debe otorgar privilegios y el ciudadano tampoco debe buscar un pase”.

“Todos necesitamos mecanismos de control de energía para funcionar mejor”, dijo Elmasoglu. Allí se resumía todo sobre la relación entre las administraciones públicas y el sector de la construcción.

Fuente: Le Monde, Ferancia.