En el comienzo de un nuevo ciclo laboral, el país se ve sacudido por una situación desafiante: una gran cantidad de empleados estatales enfrentan la incertidumbre del desempleo. El Gobierno, como parte de su plan de ajuste, ha oficializado la reducción de personal a través del Decreto 84/2023, principalmente afectando a aquellos que se unieron a la función pública a partir del 1 de enero de 2023.

Los efectos de estas medidas se hicieron evidentes desde temprano en diferentes ministerios y organismos públicos. Protestas, asambleas y tensiones surgieron en distintas dependencias estatales a medida que los despidos se hicieron efectivos. El ex ministerio de Trabajo presenció 120 desvinculaciones, mientras que el Ministerio de Economía y Desarrollo Territorial y Hábitat también experimentaron despidos y protestas.

Organizaciones sindicales, como ATE, han reaccionado enérgicamente ante estas acciones, convocando a reuniones para evaluar y enfrentar estos despidos masivos. Se estima que cientos de empleados ya han sido despedidos en distintos sectores, generando preocupación por el funcionamiento adecuado de los organismos estatales.

El secretario general de ATE expresó su descontento, acusando al Gobierno de desatender las necesidades de las familias afectadas y de perjudicar el funcionamiento de los organismos públicos con cesantías injustificadas y traslados compulsivos.

En este escenario de incertidumbre laboral y tensiones sindicales, el futuro laboral de miles de empleados estatales queda en entredicho, mientras persisten las negociaciones y llamados a medidas de acción directa por parte de los sindicatos.