Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia ordenaron este jueves la reapertura de la causa que investiga el atentado al comedor de la Policía Federal, ocurrido el 2 de julio de 1976, para que se analice la responsabilidad de la organización Montoneros.
Los nombres de los magistrados ya habían tomado notoriedad en los medios por ser duramente cuestionados por el oficialismo, especialmente luego de un pedido de juicio político a dos de ellos y el apartamiento de la causa por presunto espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri.
Además del fallo que modificó la situación procesal de los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, que los excluyó de un armado que espiaba dirigentes políticos, sindicales y periodistas, definido por Cristina Kirchner como “el cuentito de los cuentapropistas“, los camaristas estuvieron implicados en diferentes causas que involucran a la actual vicepresidenta y otros funcionarios ligados a ella.
Montoneros: ordenan reabrir la causa por el atentado al comedor de la Policía Federal
La Sala I de la mencionada cámara terminó de completar su integración en septiembre de 2018. Los tres camaristas fueron nombrados por el ex presidente Macri, y dos de ellos llegaron a su puesto a través de traslados. En noviembre de 2020, la Corte Suprema consideró que los traslados de Bruglia y Bertuzzi “no son permanentes” pero dispuso que se queden en el cargo hasta que se sustancie el concurso y se designen jueces como indica la Constitución Nacional.
La trayectoria de los tres jueces apuntados por el kirchnerismo
Leopoldo Bruglia fue el primero de los tres jueces en arribar a la Cámara Federal, en noviembre de 2016 como subrogante para reemplazar a Eduardo Farah. El magistrado se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires y en septiembre de 1993 se convirtió en juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 por decisión del Senado, durante la presidencia de Carlos Menem. Entre otros casos y junto a otros jueces, convalidó la prisión preventiva para el ex vicepresidente Amado Boudou y el ex ministro de Planificación, Julio De Vido.
Pablo Bertuzzi, recibido en la Universidad Católica Argentina (UCA), fue designado juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata. Dos años después solicitó su traslado al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por el gobierno de Cristina Kirchner. Ese tribunal fue el que finalmente condenó a Boudou en la causa “Ciccone”.
Mariano Llorens se graduó en la UBA y trabajó en la justicia federal de San Isidro, la Cámara Civil y la Defensoría del Pueblo de la Nación antes de llegar al Tribunal Oral en lo Criminal 26 porteño. Posteriormente llegó a la Cámara Federal el 12 de junio de 2018 a través de un concurso que comenzó en el gobierno de la ex presidenta Fernández de Kirchner y culminó en el del líder del PRO. Es primo de Rafael Llorens, ex integrante del área Legal del Ministerio de Planificación en la gestión de De Vido.
De hecho, por ese vínculo se excusó en la causa denominada “Cuadernos de las Coimas”, referida a los escritos del ex chofer Oscar Centeno, que solo fue analizada por Bertuzzi y Bruglia cuando tuvieron a cargo las apelaciones de Cristina Kirchner y otros imputados. En 2021, cinco abogados denunciaron a Llorens por dos presuntas visitas a Mauricio Macri, cuando era presidente, en la casa de Gobierno y la Quinta de Olivos.
Los argumentos para abrir la causa de la “Masacre en el Comedor”
“No se ha considerado el planteo sobre el posible apoyo de Estados y organizaciones extranjeras que tuvieron las personas implicadas”, indicaron los camaristas al anular un fallo de la jueza María Servini sobre el hecho ocurrido en la Superintendencia de Seguridad Federal, el 2 de julio de 1976. Sobre la resolución, manifestaron que “prescindió considerar cuestiones previas y expresamente introducidas en derredor de la maniobra denunciada, las cuales necesariamente había que merituar para dar una respuesta suficiente en los términos exigidos por la norma antes aludida”.
En ese sentido, pidieron que se investigue la hipótesis de una grave violación a los derechos humanos, si los hechos encuadran como crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. También dijeron que se debe evaluar el inicio de un juicio para dar respuesta a los familiares de las víctimas.
“A efectos de que se agoten todas las hipótesis posibles con los que se pueda afrontar un hecho como el contenido en esta causa, corresponde declarar la nulidad del decisorio y devolver las actuaciones a la anterior instancia para que se proceda conforme lo indicado”, concluyeron.
Fuente: Perfild, Argentina
FP CP
