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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, convocó a los principales líderes religiosos del país para que supervisen la aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, en un intento por reforzar la credibilidad del proceso en medio de cuestionamientos por falta de transparencia.
El encuentro se realizó en el Palacio de Miraflores y reunió a representantes de la Iglesia católica, la anglicana, comunidades evangélicas, referentes del islam y el rabino principal del país. Allí, la mandataria sostuvo que el proceso es abierto y verificable: “No hay nada que ocultar”, afirmó, al invitar a los líderes a revisar quiénes fueron beneficiados y quiénes quedaron excluidos.
La ley, promulgada en febrero, habilita la revisión de causas vinculadas a conflictos políticos desde 1999 y contempla la liberación de detenidos por esos hechos, con excepción de delitos graves como homicidio, narcotráfico o violaciones a los derechos humanos . Según cifras oficiales, más de 8.400 personas habrían sido alcanzadas por la medida hasta fines de marzo.
Sin embargo, organizaciones como Foro Penal sostienen que aún permanecen detenidos cerca de 490 presos políticos y advierten que no se difundió un listado oficial de beneficiarios, un reclamo que también realizó públicamente el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.
Durante la reunión, Rodríguez aceptó además la propuesta de conformar una mesa de trabajo con la Vicepresidencia social para abordar la crisis humanitaria, que atribuyó a las sanciones internacionales. En ese marco, pidió a los referentes religiosos dejar de lado las diferencias políticas y colaborar en la construcción de “espacios comunes” orientados a la paz.
Desde el ámbito religioso, las respuestas fueron cautelosas. El pastor Carlos Vielma llamó a sostener la paz sobre “la verdad y la justicia”, mientras que la Conferencia Episcopal Venezolana, a través de monseñor José Antonio Da Conceição, reclamó garantías legales para el desarrollo de sus actividades sociales y entregó una propuesta formal al Ejecutivo.
La convocatoria al Foro Interreligioso refleja las tensiones que atraviesa el proceso de transición política abierto tras la caída de Nicolás Maduro y la asunción de Rodríguez. En un contexto donde el sistema judicial sigue bajo estructuras heredadas, la participación de actores religiosos aparece también como un intento de legitimación frente a la comunidad internacional y a sectores internos que exigen mayor transparencia.
La brecha entre los datos oficiales y los relevamientos independientes, sumada a la falta de información pública detallada, mantiene abierto el debate sobre el alcance real de la amnistía y su impacto en la situación de los derechos humanos en el país.
