El Colegio de Abogados desmiente vínculo con Alejandro Fargosi, asesor de Milei para el proyecto de Ficha Limpia

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires negó oficialmente cualquier relación actual con Alejandro Fargosi, abogado recientemente designado por el presidente Javier Milei como asesor y encargado de redactar el nuevo proyecto de Ficha Limpia, que el Gobierno planea presentar al Congreso. En un comunicado, el Directorio aclaró que Fargosi no pertenece a la institución desde noviembre de 2011, cuando fue expulsado tras un escándalo relacionado con irregularidades en concursos para jueces federales.

Las razones detrás de su desvinculación

Según el comunicado, Fargosi, quien era consejero representante del Colegio en el Consejo de la Magistratura, habría violado el mandato de velar por la independencia judicial. Esto se produjo durante la votación del Concurso N° 140, en el que se sospechaba que varios candidatos habían incurrido en prácticas fraudulentas, como copiar o comprar exámenes. Desde la entidad condenaron que Fargosi, junto con otros consejeros, favoreció al oficialismo al convalidar una terna de jueces cuestionados por falta de idoneidad y vínculos políticos.

Fargosi y su papel en la nueva Ficha Limpia

La designación de Fargosi como asesor presidencial generó polémica, especialmente tras las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien afirmó que el abogado se encargará de “cerrar los agujeros” de la ley para evitar manipulaciones que beneficien a candidatos corruptos.

En una entrevista radial, Fargosi explicó que el foco de la normativa estará en los delitos de corrupción, por ser “más comprobables”. Además, propuso que la Cámara de Casación Federal pueda suspender temporalmente las inhabilitaciones en casos dudosos, hasta que exista una resolución definitiva por parte de la Corte Suprema.

A pesar de las críticas, el abogado sostuvo que Ficha Limpia tiene raíces en la sociedad civil y se mostró optimista sobre su aprobación: “Esto va a salir, de una manera u otra”.

El proyecto, que busca impedir que personas con condenas judiciales accedan a cargos públicos, se encuentra en el centro del debate, tanto por sus posibles implicancias legales como por los cuestionamientos hacia quienes lo impulsan.

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