En la primera fase de la investigación judicial por el manejo de los planes sociales, iniciada tras una avalancha de denuncias a la línea 134 sobre supuestas extorsiones para participar en marchas, se ha desvelado una posible defraudación millonaria a las arcas del Estado.

El juez Sebastián Casanello ha identificado facturas fraudulentas de dos sociedades, una de ellas estrechamente vinculada al Polo Obrero, que suman un total de $25 millones de pesos. Estas facturas, por la venta de bienes y computadoras, se habrían utilizado para justificar egresos de dinero.

Una de las firmas implicadas es una imprenta llamada “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL”, ubicada en la calle Palestina 542, en el barrio de Almagro. Durante un allanamiento, la Policía encontró un modesto PH ocupado por el hijo del ex legislador del Frente de Izquierda, Marcelo Ramal, pero no hallaron rastro alguno de la imprenta. La otra firma, Coxtex SA, creada en 2020 y supuestamente dedicada a la venta de electrodomésticos, celulares y accesorios de computación, está registrada en la AFIP como una empresa usada para emitir facturas apócrifas.

El lunes, el juez Casanello citó a indagatoria a 23 personas, destacando el uso de facturación falsa y la simulación de gastos no concretados por las firmas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA” para encubrir el verdadero uso de los fondos. Entre las dos empresas acumularon facturas por $25 millones.

Según la investigación, entre 2020 y 2023, la Asociación Civil Polo Obrero y la cooperativa El Resplandor recibieron $360 millones, de los cuales solo han rendido cuentas por $113 millones. En esas rendiciones aparecen los $25 millones en facturas sospechosas, representando un porcentaje significativo de los fondos no justificados.

El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, está citado a declarar el 25 de junio, junto con Adrián Albornorz, supuesto dueño de la imprenta, y María Isolda Dotti, alias “Tango”, quien tenía más de 54 mil dólares ocultos debajo de su cama.