El miércoles por la noche, en una entrevista con LN+, el presidente Milei anunció su firme intención de emitir un decreto para eliminar todos los fideicomisos, considerándolos como parte integral de las “cajas negras” de la política. Esta enérgica declaración generó inquietud y marcó el retorno del Gobierno a la ofensiva, después de la caída de la ley Ómnibus en el Congreso y los recientes conflictos con los gobernadores la semana pasada.

La ley Ómnibus, que buscaba abordar diversas cuestiones, se estancó en el Congreso, y uno de los puntos de mayor discordia fue el inciso “h” del artículo 4°, que otorgaba a Milei la facultad de transformar, modificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos. La falta de transparencia y de objetivos claros en torno a estos fondos ha sido un persistente motivo de conflicto a lo largo de las diferentes administraciones.

Los fondos fiduciarios, que tuvieron su génesis en 1995 durante la gestión de Carlos Menem, han experimentado un crecimiento exponencial, llegando a un total de 28 en 2023, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Con un aumento del 1,12% al 2,08% del Producto Bruto Interno (PBI) desde 2012 hasta 2021, su expansión se acentuó significativamente durante la gestión de Mauricio Macri.

El Presupuesto 2024 presentado por Sergio Massa en septiembre del año pasado al Congreso proyectaba la existencia de 29 fondos fiduciarios con recursos por $3 billones, representando cerca del 1,6% del PBI. Más de la mitad de estos fondos serían financiados con transferencias del Tesoro, mientras que el resto provendría de impuestos y rentas de la propiedad, como intereses por créditos, inversiones y letras del Tesoro.

Aunque Milei estima la cifra total en unos impresionantes US$20.000 millones, incluyendo empresas estatales y entes autárquicos, el impacto de la eventual eliminación de estos fondos sería innegablemente significativo.

Entre los fondos fiduciarios más destacados que podrían ser afectados se encuentran el del Sistema de Infraestructura de Transporte (FFSIT), PROCREAR, Integración Socio Urbana (FISU), Vivienda Social, Desarrollo Productivo (FONDEP), Garantías Argentino (FOGAR), Subsidios de Consumos Residenciales de Gas (FFGAS), Subsidios a Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo, y Desarrollo Provincial.

Tras recortar transferencias a provincias, educación y transporte, Milei, con esta nueva medida, busca presionar a gobernadores, municipios y empresas que reciben subsidios de los fideicomisos. Dado que una parte sustancial de estos fondos proviene del Presupuesto, el ministro de Economía, Luis Caputo, ostenta el poder de desfinanciarlos, añadiendo una nueva capa de complejidad al ya tenso panorama político. La eliminación de estos fideicomisos no solo representaría un cambio en la estructura financiera, sino que también podría tener profundas implicaciones en el funcionamiento de diversos sectores económicos y sociales del país.