La magistrada de 75 años tenía que resolver los expedientes Los Sauces – Hotesur y la firma del memorándum de entendimiento con Irán, en los que está involucrada Cristina Kirchner.

La Corte Suprema de Argentina emitió una decisión unánime este miércoles, declarando que Ana María Figueroa, presidenta de la Cámara Federal de Casación, el tribunal penal más alto del país, “cesó en sus funciones”. La resolución del tribunal establece que Figueroa dejó de ser jueza a partir del 9 de agosto de este año, cuando alcanzó la edad de 75 años.

Además, la Corte Suprema dispuso que se informe al Consejo de la Magistratura sobre esta decisión para que tome las medidas necesarias, lo que incluye dejar de pagarle el sueldo como magistrada y comenzar el proceso de selección para su reemplazo.

En un movimiento inusual, el máximo tribunal también derogó una resolución previa del propio Consejo de la Magistratura que permitía una extensión en el servicio después de los 75 años, a la espera de una decisión del Senado sobre la reválida.

Los jueces de la Corte Suprema argumentaron que, dado que la normativa no establece un período de gracia, el nombramiento debe hacerse antes de que el magistrado cumpla 75 años, o de lo contrario no habría límite temporal para hacer un nuevo nombramiento, lo que sería incoherente.

El fallo justificó la pérdida de la investidura judicial de Figueroa el 9 de agosto pasado debido a la falta de un nuevo nombramiento con el correspondiente acuerdo del Senado. Figueroa esperaba la aprobación del Senado para renovar su mandato por cinco años, pero la oposición bloqueó esta posibilidad argumentando que era una “jueza kirchnerista” y que su reválida era un intento de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de “garantizar su impunidad”.

Cabe destacar que Figueroa debía votar en casos importantes, como Los Sauces y Hotesur, en los que la vicepresidenta había sido sobreseída por un tribunal oral, pero la medida había sido apelada ante la Casación.

Adicionalmente, la Corte Suprema se atribuyó la facultad de tomar decisiones en cuestiones de esta naturaleza, destacando su papel como cabeza de poder y órgano supremo de la organización judicial argentina, y su responsabilidad en garantizar la investidura de los jueces, incluyendo la evaluación de dicha investidura en casos como este.