El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya anunció este miércoles que había iniciado una investigación sobre posibles crímenes de guerra o de lesa humanidad en Ucrania. Lo ha hecho después la solicitud de 39 países, entre ellos España. Se trata de un récord de solicitudes.
“He notificado a la Presidencia de la CPI hace unos momentos mi decisión de proceder de inmediato con investigaciones activas”, dijo el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, en un comunicado.
Estas son las preguntas y respuestas clave para entender qué probabilidades hay de que Putin u otros dirigentes políticos o militares rusos comparezcan ante la justicia y cuáles son los escollos en el camino.
¿Qué delitos persigue la Corte?
La CPI persigue cuatro delitos: crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crimen de agresión. El fiscal jefe CPI, Karim Khan, ha indicado que existe una base razonable para considerar que se han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad en Ucrania. Los crímenes de guerra incluyen el asesinato intencionado, el causar deliberadamente grandes sufrimientos, la destrucción generalizada y la apropiación de bienes, así como el atacar intencionadamente a la población o bienes civiles. Los crímenes de lesa humanidad incluyen el asesinato “cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra cualquier población civil”.
¿Es un problema que ni Ucrania ni Rusia hayan ratificado el Estatuto de Roma?
Khan dijo que como Ucrania no es parte del Estatuto de Roma mediante el cual se creó la CPI, no puede presentar los presuntos crímenes ante la Corte, pero ya había aceptado dos veces la jurisdicción de la Corte, incluyendo cuando Rusia invadió Crimea en 2014, y en una segunda ocasión había aceptado la jurisdicción de la Corte “sobre una base abierta”. Así que Ucrania no puede remitir los presuntos delitos por sí misma, pero la CPI sí tiene jurisdicción sobre los delitos cometidos en territorio ucraniano.
Rusia salió de la CPI en 2016 después de que la Corte publicara un informe que calificaba de ocupación la anexión rusa de Crimea. A primera vista, demostrar que Rusia ha cometido un crimen de agresión parecería sencillo. La definición incluye la invasión de otro Estado, el bombardeo y el bloqueo de puertos. Sin embargo, si un Estado no es parte de la CPI, sus ciudadanos no pueden ser procesados por un tribunal por este delito concreto. Pero se prevé una excepción: el Consejo de Seguridad de la ONU puede remitir a un Estado que no sea parte de la CPI por el delito de agresión, pero Rusia, como miembro permanente del Consejo, tiene derecho de veto, por lo que esto no ocurrirá. No existe ningún límite similar que impida que se presenten cargos por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio contra un país no signatario como Rusia.
¿Qué probabilidades hay de que Vladímir Putin o cualquier otro implicado en la invasión de Ucrania sea juzgado por crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad ante la CPI?
Es mucho más difícil vincular a un líder político directamente con los delitos cometidos por el ejército en el campo de batalla, como se requiere para estos dos delitos, que hacerlo para un acto más genérico como es el crimen de agresión. Incluso si Putin fuera acusado por esos crímenes, tendría que ser detenido en un Estado que, a diferencia de Rusia, aceptara la jurisdicción de la Corte.
¿Existen otras vías para llevar a Putin u otros responsables de esta guerra ante la justicia?
Los tribunales nacionales pueden procesar a las personas independientemente de su nacionalidad y del lugar en el que se haya cometido el delito si cuentan con las llamadas leyes de jurisdicción universal. Por ejemplo, en enero un tribunal alemán condenó a cadena perpetua a un exagente de inteligencia sirio por crímenes contra la humanidad cometidos en la guerra civil en Siria. En 2015, también en Alemania, dos ruandeses acusados de liderar un grupo rebelde en el este de la República Democrática del Congo fueron encarcelados por crímenes de guerra. Incluso Rusia tiene leyes de jurisdicción universal. Sin embargo, aunque se intentara invocar la jurisdicción universal para otro jefe de Estado, seguiría existiendo el importante obstáculo de detener a Putin y llevarlo a juicio. Esto probablemente requeriría su destitución y posterior extradición por un nuevo régimen ruso que esté más alineado con la comunidad internacional.
El jurista francobritánico Philippe Sands, profesor en University College London (UCL) y director del Proyecto sobre Cortes y Tribunales Internacionales de la UCL, ha pedido la creación de un tribunal penal internacional específico para investigar a Putin y sus acólitos por el delito de agresión, que en su opinión es el que más se ajusta a los actos de Rusia en Ucrania.
Ucrania también ha llevado a Rusia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU por haber lanzado una invasión con el pretexto de falsas afirmaciones de genocidio perpetrado contra los rusoparlantes del país. El movimiento de Ucrania se considera simbólico, ya que es discutible que ese tribunal sea competente.
