El proyecto de ley de Inteligencia que enviará el Gobierno al Congreso

El presidente Alberto Fernández anunció ante la Asamblea Legislativa que enviará un proyecto de una nueva Ley de Inteligencia. El borrador de la normativa fue acercado al Jefe de Estado por la intervención de la AFI. El objetivo central es la institucionalización de las reformas que ya implementó la gestión de Cristina Caamaño.

“Dije NUNCA MÁS a esos sótanos que propusimos desmantelar y por eso los desmantelamos”, dijo Fernández. Y anunció: “En los próximos días enviaré un proyecto de Ley que permita consolidar el trabajo hecho en estos años en materia de inteligencia. Es indispensable que el Congreso acompañe este camino”.

Según pudo saber Ámbito, el texto plantea los principios básicos para la producción de inteligencia: legalidad, mínima intervención, proporcionalidad, control, transparencia, especialización y perspectiva de género.

Lo más novedoso es la creación de un Consejo Interministerial con los ministerios de Seguridad, Defensa y de Relaciones Exteriores. El objetivo concreto será incrementar los controles externos sobre los servicios de inteligencia.

En este mismo sentido se mantendrán las facultades de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia del Congreso y la vigilancia del manejo de los fondos de la AFI por parte de la Sigen.

Otro de los puntos del proyecto de ley establece las facultades y competencias de los tres organismos de inteligencia regulados en la ley. Se trata de la propia Agencia Federal de Inteligencia; de Inteligencia Criminal, dependiente del Ministerio de Seguridad, e Inteligencia Estratégica Militar, bajo la órbita del Ministerio de Defensa.

En cuanto al rol del Poder Judicial, el borrador postula un mecanismo para evitar las maniobras de “forum shopping” para producir inteligencia en el fuero penal y, esencialmente, institucionaliza la separación de la producción de inteligencia de la investigación judicial.

También introduce a la Agencia de Acceso a la Información Pública como contralor externo, que “debe promover la desclasificación de la información y evitar abusos de clasificación”.

La ley, en tanto, plantea que la AFI pueda producir inteligencia nacional sobre fenómenos que puedan representar riesgos o amenazas a la seguridad, la defensa y las relaciones exteriores.

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