NUEVA YORK, Estados Unidos. – La jueza federal Loretta Preska, que preside el caso de YPF en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, rechazó este lunes el pedido del gobierno argentino para suspender provisionalmente la orden que lo obliga a transferir el 51% de las acciones de la petrolera a los beneficiarios del fallo, mientras se resuelve el proceso de apelación.
En una resolución de cuatro páginas, Preska fue contundente al señalar que Argentina “continúa demorando y eludiendo sus obligaciones” y remarcó que la falta de suspensión “es únicamente responsabilidad de la República”.
Críticas directas a la estrategia argentina
La magistrada recordó que en ocasiones anteriores la corte accedió a solicitudes de prórroga de la Argentina, pero el país no cumplió con las condiciones impuestas.
“La República aprovechó al máximo el tiempo extra pero no hizo ningún esfuerzo para satisfacer las condiciones exigidas por la corte”, sostuvo Preska.
Y añadió que cualquier eventual “daño irreparable” que el gobierno alegue como consecuencia de esta orden surge directamente de su propia decisión de demorar y evadir sus obligaciones derivadas de la sentencia del 30 de junio.
Plazos y advertencias
Preska otorgó a la Argentina dos semanas para transferir las acciones a una cuenta de custodia en el Bank of New York Mellon (BNYM), pero accedió a dar un plazo adicional de tres días, hasta el 17 de julio, para concretar la operación mientras el Tribunal de Apelaciones analiza el caso.
El fallo favorece a los fondos Burford Capital y Eton Park, beneficiarios de la sentencia que condenó a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares por la expropiación de YPF.
La jueza también mencionó que se presentó recientemente en el Congreso argentino un proyecto de ley que pretende prohibir el cumplimiento de la orden judicial, algo que calificó como una maniobra dilatoria adicional.
Un revés más en el litigio por YPF
Con esta nueva resolución, la Argentina enfrenta un nuevo revés en el juicio por la expropiación de la petrolera, que continúa siendo uno de los litigios más costosos en la historia reciente del país.