Estados Unidos encabezará hoy una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para exigir que el Gobierno de Xiomara Castro garantice la transparencia en las elecciones presidenciales del 30 de noviembre en Honduras. La convocatoria fue impulsada junto a Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador y Paraguay, ante el temor de que se repita un escenario de fraude similar al que permitió a Nicolás Maduro perpetuarse en el poder en Venezuela.

El subsecretario de Estado, Chris Landau, representará a la administración Trump en el encuentro, un gesto poco habitual que evidencia la preocupación de Washington por la deriva institucional hondureña. Landau, profundo conocedor de la política latinoamericana y con un estilo directo, planteará que el Ejecutivo de Castro está usando al Poder Judicial y al Parlamento para condicionar el proceso electoral.

La sesión fue inicialmente boicoteada por Honduras, Brasil, Colombia y México, que intentaron evitar que el tema llegara al foro regional. Sin embargo, al no conseguir suspenderla, Tegucigalpa envió como voceros al consejero electoral Marlon Ochoa y al representante del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán, ambos funcionarios alineados con Castro.

El clima se tensó aún más tras la difusión de dos cartas enviadas a la OEA por el presidente del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Alberto Flores Urrutia, donde detalla presiones, maniobras de paralización institucional, hostigamiento judicial y acciones políticas que —según afirma— comprometen la independencia del proceso electoral. Las denuncias incluyen la inactividad deliberada del pleno electoral, campañas públicas de desprestigio, el ingreso irregular de fiscales a las oficinas del tribunal y presiones directas contra magistrados.

Urrutia también cuestionó la situación general del país: el Congreso Nacional permanece en receso de manera irregular, mientras una “Comisión Permanente” intenta reemplazar funciones legislativas plenas. A esto se suma un prolongado estado de excepción, que restringe derechos fundamentales en plena campaña. Según el tribunal, este conjunto de hechos encaja con las condiciones previstas en la Carta Democrática Interamericana que habilitan la intervención colectiva del organismo hemisférico.

Brasil, Colombia y México respaldaron al gobierno de Castro y pidieron suspender la sesión, mientras que Estados Unidos y el resto de los países impulsores remarcaron que no tienen intereses partidarios en Honduras y solo buscan garantizar un proceso electoral limpio.

Las elecciones hondureñas se disputan entre la oficialista Rixi Moncada, el opositor Nasry Asfura —quien lidera las encuestas— y Salvador Nasralla, exvicepresidente de Castro y ahora candidato “neo oficialista”. La oposición teme que el Gobierno utilice su influencia para alterar el resultado en un contexto institucional frágil.

Se espera un debate áspero en la sede de la OEA, ubicada a pocas cuadras de la Casa Blanca. Cuando los representantes hondureños aseguren que el Gobierno no busca intervenir en el proceso electoral, será el propio Landau, junto al embajador argentino Carlos Cherniak y a la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, quienes desafíen esa narrativa y reiteren el pedido central: que Honduras respete las reglas y las garantías democráticas antes de que el país acuda a las urnas.