l gobernador peronista de Formosa, Gildo Insfrán, ha conseguido la reelección en los comicios del 25 de junio, prolongando su mandato por octava vez consecutiva desde que asumió en diciembre de 1995. Sin embargo, su permanencia en el poder ha sido objeto de cuestionamientos debido a acusaciones de autoritarismo y violaciones a los derechos humanos.

A pesar de las críticas, Insfrán ha defendido su liderazgo argumentando que la alternancia en el poder es decidida por el pueblo en las elecciones. No obstante, el opositor formoseño Luis Naidenoff ha denunciado la consolidación de un liderazgo autoritario y una dependencia excesiva del Estado por parte de Insfrán, mientras que otros opositores en la provincia lo acusan de ser autócrata.

El autoritarismo del gobernador se hizo evidente durante los primeros meses de la pandemia, cuando surgieron denuncias de violencia institucional contra aquellos que intentaban desafiar las medidas de aislamiento obligatorio decretadas a nivel nacional. Un informe de Human Rights Watch titulado “Formosa adopta medidas abusivas en su respuesta al COVID-19” documentó casos en los que la policía realizaba búsquedas activas en barrios habitados por personas contagiadas, llevándose a la fuerza a los sospechosos de contagio, en ocasiones sin permitirles empacar ropa o artículos de higiene personal.

Durante el período comprendido entre marzo de 2020 y abril de 2021, aproximadamente 24,000 personas fueron obligadas a permanecer confinadas en centros de aislamiento y cuarentena en Formosa, en condiciones insalubres y en algunos casos por períodos superiores a los 14 días recomendados por la Organización Mundial de la Salud, según el informe de Human Rights Watch. Además, las autoridades mezclaban en las mismas habitaciones a personas que habían llegado en fechas diferentes, sin tener en cuenta su edad, género, estado de salud y otros factores de riesgo.

Varias organizaciones internacionales, como la Universidad Johns Hopkins, Amnistía Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia, han señalado que el gobierno de Insfrán ha cometido violaciones contra los derechos humanos durante el período de aislamiento. Uno de los casos más destacados es el de Zunilda Gómez, una joven embarazada de 33 años que fue sacada de su vivienda por la policía y encerrada con sus tres hijos en una habitación de hotel. Trágicamente, Gómez sufrió un aborto espontáneo y su esposo, trasladado a un centro de aislamiento a 120 kilómetros de distancia, se enteró de la pérdida del embarazo a través de un familiar.

Estas acciones han generado preocupación y han sido objeto de denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos, resaltando la necesidad de garantizar el respeto y la protección de los derechos fundamentales en Formosa.