Villarruel cede ante la presión del Senado y habilita una sesión incómoda para el oficialismo

La vicepresidenta no logró bloquear la avanzada opositora que sesionará con respaldo multipartidario para debatir aumentos jubilatorios, emergencia en discapacidad y proyectos de gobernadores que tensan la relación con Milei.

En una jugada que revela las grietas del oficialismo en la Cámara Alta, Victoria Villarruel decidió no impedir la sesión ordinaria prevista para este jueves en el Senado, que incluirá una batería de proyectos impulsados por la oposición y respaldados por gobernadores, sectores de la UCR y figuras del PRO. La reunión será inusual: no habrá citación formal ni plan de labor impreso. Todo se definirá en el recinto y a mano alzada, con una mayoría simple.

En el temario figuran iniciativas que el Gobierno rechaza abiertamente: una ley de emergencia en discapacidad, aumentos para jubilados, una moratoria previsional resistida por el oficialismo, y dos proyectos que modifican el reparto de fondos a las provincias, avalados por los mandatarios locales. También se discutirá un proyecto del radical Maximiliano Abad que frena la posible venta de acciones de YPF y la anulación del veto presidencial a una ley clave para Bahía Blanca.

La sesión que Villarruel no pudo evitar

La convocatoria tomó forma tras una reunión tensa en el despacho de Villarruel con los jefes de bloque. En su entorno reconocieron que, ante la certeza de que el recinto alcanzará la mitad más uno de sus bancas ocupadas, la vicepresidenta bajará al recinto y dará inicio a la sesión, tal como establece el reglamento.

El peronismo, liderado por José Mayans, evitó esta vez convocar a una sesión especial —que Villarruel podría haber dilatado o desestimado— y optó por una sesión ordinaria dentro del horario aprobado al inicio del período parlamentario: miércoles y jueves a las 14. Esta estrategia impide que la vicepresidenta objete la convocatoria.

La discusión más tensa girará en torno a la validez de los dictámenes de los proyectos que llegan desde Diputados, particularmente los de discapacidad y jubilaciones. El oficialismo alega que no pasaron por la comisión de Presupuesto en forma reglamentaria, ya que se firmaron en una sesión autoconvocada por un grupo opositor. Sin embargo, ese mismo grupo —que incluye a Martín Lousteau, Pablo Blanco y Guadalupe Tagliaferri— volverá a insistir con su legitimidad, ahora con fuerza de votos.

En el bloque oficialista ya admiten que, si la oposición logra la mayoría simple, podrían ceder en la interpretación reglamentaria. Aun así, advierten que judicializarán las leyes si consideran que se vulneraron los procesos parlamentarios.

Fondos, jubilaciones y una nueva pulseada política

Los proyectos con mayor apoyo parlamentario son los presentados por los gobernadores, que buscan coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y parte del impuesto a los combustibles. Ambas iniciativas, firmadas por todos los bloques opositores, podrían obtener los dos tercios necesarios para su aprobación y llegar rápidamente a Diputados, donde también hay voluntad política de convertirlas en ley.

También figura un proyecto sobre discapacidad que actualiza pensiones y prestaciones. Aunque generó diferencias dentro de la UCR, podría avanzar con una mayoría simple, sumando a los 34 senadores de Unión por la Patria y a aliados de distintas bancadas. Se prevé una movilización de organizaciones sociales y familiares del sector en las calles.

En materia previsional, uno de los proyectos propone un aumento del 7,2% en los haberes y una suba del bono de 70 a 110 mil pesos. Tiene respaldo de parte de la UCR y del PRO moderado. Más difícil es el panorama para la prórroga de la moratoria previsional, que fue aprobada con lo justo en Diputados y podría volver con cambios.

Una sesión que anticipa el desgaste institucional

Lo que ocurra este jueves en el Senado será clave para medir el margen de maniobra del oficialismo en medio de una creciente fragmentación parlamentaria. Villarruel quedó en una posición incómoda: presionada por su rol institucional y limitada por la arquitectura reglamentaria, debió resignar su habitual estrategia de bloqueo.

La escena política se desplaza ahora hacia el juego fino del reglamento, los votos cruzados y la judicialización de decisiones legislativas, mientras la tensión entre el Congreso y el Ejecutivo crece. El resultado de esta sesión marcará no solo el destino de varias leyes clave, sino también el equilibrio de fuerzas en un gobierno que, en su afán por la austeridad, se enfrenta cada vez más al Congreso como un contrapeso real.

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