Con una coleta desecha y un polar rojo, una mujer desesperada se aferra a una ambulancia, la golpea con los puños, chilla, araña la ventana. Dentro está su esposo, uno de los heridos en el brutal incendio del lunes por la noche en un centro del Instituto Nacional de Migración (Inami) en Ciudad Juárez. Su foto salió al día siguiente en las portadas de los periódicos, en los noticieros de fuera y dentro de México: era el rostro de una tragedia. Al menos 39 hombres muertos y 27 heridos, la mayoría en estado grave, asfixiados dentro de una celda de detención de la que nadie los sacó a tiempo. Ahora, a unos metros de donde sucedió el fuego, Viangly Infante dice que esta no era la manera de hacerse famosa, que su marido está fuera de peligro y que ella ya respira mucho más tranquila, pero aun así pregunta lo que todos gritan: “Tenían la oportunidad de abrirles la reja y no lo hicieron, ¿por qué no lo hicieron?”.
Infante es de Venezuela, salió de La Guaira, en el norte del país, el 6 de octubre. Con 31 años se convirtió en una más de los siete millones de venezolanos que han dejado su país. Lo hizo acompañada de sus tres hijos —dos chicos de 12 y 13 años, y una niña de uno— y de su pareja, Eduard Caraballo, de 26 años, también venezolano. Juntos atravesaron la selva del Darién, en Colombia, y toda Centroamérica, hasta entrar el 1 de noviembre en Tapachula, el polo sur de la migración en México. El país no es fácil, pero lo cruzaron entero. Saltaron al lado estadounidense desde Piedras Negras, la localidad de Coahuila que se funde con Eagle Pass, en EE UU. De ahí los deportaron el 22 de diciembre bajo el polémico Título 42, una vieja directiva que fue resucitada por el Gobierno de Donald Trump para poder expulsar a México a los migrantes sin papeles, y que Joe Biden todavía no ha retirado. Con el mismo recorrido que miles a sus espaldas, la familia recaló en Ciudad Juárez, consiguieron trabajo, consiguieron permiso para residir y también una nueva cita, para ya de forma legal, regresar a EE UU. Hasta que en medio se interpuso el humo.
Las autoridades migratorias de Juárez iniciaron el lunes una feroz redada con tentáculos en toda la ciudad fronteriza. Se llevaron a decenas de migrantes que estaban en un Oxxo, en un hospital, en una banqueta, cerca del muro o, como Caraballo, simplemente recorriendo las calles juarenses. “Él había salido a buscar remedios para la niña porque tiene convulsiones”, explica Viangly Infante. Alrededor de las 14.00 horas recibió una llamada de su esposo, estaba detenido en el centro del Inami que está entre los dos puentes principales que unen Juárez con El Paso. “No le habían dejado abrir su Gmail donde él tenía sus papeles, así que me dice que suba yo para mostrar el físico y demostrar que nosotros somos un núcleo familiar y que estamos legales acá”, señala, “llegué con mis tres hijos y me dejaron esperando todo el día y nunca me lo soltaron, me dijeron solo ‘sí, ahorita’. Hasta las 21.30 que comenzó el incendio”.
“Ellos se están quemando”
Infante y sus hijos estaban instalados en el área de las familias, que está situada bajo unas carpas blancas a un costado del centro de detención. Los escuchó primero a ellos, a los 68 hombres encerrados en una celda de paredes altas y barrotes blancos: “Ellos gritaban, le daban golpes a las paredes. Empezó a salir humo. Estaba por todos lados: en las oficinas, en el baño. Todo”. Fue el humo lo que asustó al personal de migración que estaba resguardando a las 15 mujeres y los niños. Decidieron sacarlas afuera. “Yo pregunto que qué pasa, que por qué no salen los hombres, por qué no les abren la cerca, la puerta, a los hombres, y todo lo que me supieron decir fue: ‘Ellos se están quemando”, describe.
“Yo me desesperé mucho y les empecé a gritar. Me sacaron entonces a la calle y acá me dejaron. Me acerqué mucho a la reja y vi cómo estaban sacando los cuerpos muertos, pero no veía a mi esposo”, continúa, “me desesperé, me paré del otro lado y me asomé a la ambulancia y vi que estaba dentro, que lo estaban reanimando. Fue cuando entré en angustia, depresión, me puse a pegar gritos para ver si él me escuchaba, hasta que reaccionó y se pudo sentar. Después intentaron amarrarlo y yo volví a gritar y ahí ya se lo llevaron”.
Esa misma noche, Infante —que en algunas imágenes se ve cómo lleva colgada a su bebé enferma del hombro— llegó a verlo al hospital. Estaba asfixiado y había sufrido intoxicación en ojos, nariz, boca y garganta. En estas 48 horas ha mejorado, pero sigue con la garganta tan irritada que apenas ha podido hablarle a ella del “trauma de lo que vivió allá dentro”.
¿Cómo sobrevivió Eduard Caraballo y no otros? Su esposa no tiene respuestas, solo sabe que él estaba con la ropa completamente mojada cuando salió del centro de detención: “Él dice que se encerró en el baño para poder salvarse”. El joven venezolano es uno de los heridos leves, hay 16 que se encuentran en estado crítico, muchos están quemados. “Estuvieron 15 minutos adentro con el fuego hasta que vinieron los bomberos. Los bomberos los sacaron”, apunta Viangly Infante.
El incendio comenzó dentro de la celda de los migrantes. El Gobierno mexicano apunta a que ellos lo iniciaron, quemando unas colchonetas, como protesta porque iban a ser deportados. La Fiscalía General de la República, que ha asumido la investigación, se inclina a que consiguieron la chispa pelando los cables de una cámara, pero todavía no se ha confirmado. Sí ha quedado claro que nadie les abrió la celda en la que estaban enjaulados con las llamas. Las imágenes de una cámara del centro muestran cómo, al menos, tres servidores públicos abandonan la sala donde estaban los 68 hombres mientras crecía el humo, sin atender a las patadas o a las llamadas de las víctimas.
Así lo ha afirmado también la secretaria de Seguridad Pública de México, Rosa Icela Rodríguez: “Se inició el incendio y ninguno de los servidores ni de los policías privados realizaron alguna acción para abrir la puerta a los migrantes que estaban con el fuego. No fueron capaces de abrir una reja”. La secretaria ha dicho también que ya se ha identificado por su probable responsabilidad de lo ocurrido a tres funcionarios —dos federales y uno estatal—, cinco vigilantes privados y un migrante. Hoy se iban a solicitar cuatro órdenes de captura. Los delitos investigados, de momento, por la Fiscalía General de la República —encargada del caso— son homicidio y daño a la propiedad ajena.
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Redactora de EL PAÍS en México. Trabaja en la mesa digital y suele cubrir temas sociales. Antes estaba en la sección de Materia, especializada en temas de Tecnología. Es graduada en Periodismo por la Universidad de Valencia y Máster de Periodismo en EL PAÍS. Vive en Ciudad de México.
