Venezuela se dispone a celebrar elecciones presidenciales y legislativas en 2024 y 2025, respectivamente, bajo condiciones que claramente favorecen al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Las conversaciones entre el gobierno y la oposición están una vez más estancadas. Mientras tanto, persiste la crisis económica que ha llevado a una cuarta parte de la población venezolana a abandonar el país.

Con algunos políticos de la oposición inhabilitados, partidos secuestrados y sin la presencia de observadores electorales profesionales, unas elecciones realizadas en los términos del gobierno dejarían la crisis de Venezuela sin resolver y la mayoría de las sanciones estadounidenses en vigor, lo que amenaza con empeorar la difícil situación económica del país. El impacto podría seguir sintiéndose en toda la región, especialmente en la vecina Colombia.

Los Estados latinoamericanos y las potencias extranjeras deben presionar para que se reanuden urgentemente las negociaciones con el objetivo de llegar a acuerdos concretos. Washington debe intensificar la diplomacia bilateral con Caracas y ofrecer un alivio tangible de las sanciones para tratar de persuadir a Maduro de regresar a las conversaciones y hacer concesiones electorales y así evitar una profundización del conflicto.

Alivio de las sanciones

La prolongada crisis política de Venezuela está entrando en una nueva fase crítica. El presidente Nicolás Maduro, que aspira a un tercer mandato en 2024 tras sobrevivir a una campaña de “máxima presión” liderada por EE. UU., controla todas las palancas internas del poder.

Aunque el país experimentó una modesta recuperación económica en 2022, una vez más se enfrenta a una recesión y alta inflación, exacerbadas por la alarmante corrupción y las sanciones estadounidenses.

Aunque el país experimentó una modesta recuperación económica en 2022, una vez más se enfrenta a una recesión y alta inflación, exacerbadas por la alarmante corrupción y las sanciones estadounidenses. Sin una moneda fuerte que le permita un aumento real de los salarios, Maduro no está dispuesto a aflojar su control.
Pero a menos que demuestre avances hacia un terreno electoral más equitativo, no podrá convencer a Washington de aliviar las sanciones, lo que podría permitir un crecimiento económico sólido.
Para evitar prolongar el deterioro del país y el riesgo de que resurja el conflicto, el gobierno venezolano, las fuerzas de la oposición y las potencias extranjeras deben converger en torno a un plan que incluya el alivio de las sanciones por parte de Washington y medidas equivalentes por parte de Caracas para la celebración de elecciones más justas y un mejor funcionamiento de las instituciones estatales.

Aunque el país experimentó una modesta recuperación económica en 2022, una vez más se enfrenta a una recesión y alta inflación, exacerbadas por la alarmante corrupción y las sanciones estadounidenses. Sin una moneda fuerte que le permita un aumento real de los salarios, Maduro no está dispuesto a aflojar su control.

Pero a menos que demuestre avances hacia un terreno electoral más equitativo, no podrá convencer a Washington de aliviar las sanciones, lo que podría permitir un crecimiento económico sólido.

Para evitar prolongar el deterioro del país y el riesgo de que resurja el conflicto, el gobierno venezolano, las fuerzas de la oposición y las potencias extranjeras deben converger en torno a un plan que incluya el alivio de las sanciones por parte de Washington y medidas equivalentes por parte de Caracas para la celebración de elecciones más justas y un mejor funcionamiento de las instituciones estatales. Los Estados latinoamericanos deben desempeñar un papel mucho más destacado como mediadores diplomáticos.

El acuerdo de México

A finales de 2022 por fin se vislumbraba una salida al estancamiento de Venezuela. Como parte de las conversaciones de Ciudad de México, facilitadas por Noruega, el gobierno de Maduro y una coalición de partidos de la oposición acordaron descongelar parcialmente los activos estatales venezolanos en el extranjero y transferirlos a un fondo de ayuda humanitaria administrado por la ONU.

Washington, que necesitaba encontrar fuentes alternativas de petróleo, en parte por la guerra de Ucrania, pareció dar su visto bueno, e inmediatamente dio luz verde a una licencia que le permite a la petrolera estadounidense Chevron Corporation extraer petróleo venezolano para exportarlo a EE. UU. Este acuerdo inyectó dólares en la economía venezolana, aunque la licencia estipula que los ingresos generados no deben beneficiar al Estado.

Dada la debilidad de la oposición y el limitado margen de maniobra de los gobiernos de Maduro y Biden, el papel de los vecinos latinoamericanos de Venezuela, en particular Colombia y Brasil, como facilitadores de cualquier acuerdo será crucial. Estos Estados deben promover la rápida reanudación de las conversaciones de Ciudad de México.

Deben instar a las partes de estas conversaciones a resolver sus diferencias (y las que tienen con Washington) en la medida de lo posible en los próximos meses. Deben presionar a Caracas para que tome medidas hacia unas elecciones genuinamente competitivas, por ejemplo, liberando a los presos políticos, levantando las prohibiciones a los candidatos de la oposición y solicitando misiones internacionales de observación.

También deben persuadir a EE. UU. para que intensifique su diplomacia bilateral y presente una hoja de ruta para el alivio de las sanciones sobre la base de medidas de reciprocidad por parte de Caracas. Las fuerzas de la oposición podrían respaldar esta vía comprometiéndose a buscar el cambio exclusivamente por la vía electoral, sea cual sea el resultado en 2024.

Otras elecciones manipuladas podrían devolver a Venezuela al momento más grave de su conflicto político con su correspondiente miseria económica y devastadoras repercusiones mucho más allá de sus fronteras. Evitar ese escenario a través avances concretos a cambio de recompensas tangibles debe ser un imperativo para América Latina y una prioridad para Washington.

La voluntad de todas las partes para intercambiar el alivio de las sanciones por mejores condiciones electorales es la mejor forma para mitigar la tragedia de Venezuela y empezar a encaminar al país por una senda más prometedora.

OpenDemocracy