La crisis política y social de Venezuela atraviesa una nueva etapa marcada por una contradicción cada vez más visible: mientras la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, busca reconstruir vínculos internacionales y abrir canales de negociación con Washington, dentro del país se multiplican las protestas y crece el malestar por las condiciones económicas, los servicios públicos y la falta de certezas sobre el proceso de transición.
Entre el 21 y el 24 de septiembre, Rodríguez viajó a Nueva York para participar en la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, mantener reuniones con organismos multilaterales y encontrarse con Donald Trump. El viaje tuvo además una dimensión económica y diplomática, en momentos en que el gobierno interino intenta recuperar espacios en los circuitos financieros internacionales y avanzar en acuerdos con Estados Unidos.
Pero mientras la dirigencia venezolana desarrollaba esa agenda internacional, las calles del país mostraban otra realidad.
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), entre el 22 y el 24 de septiembre se registraron 56 manifestaciones en 17 estados. Una parte importante de las protestas estuvo relacionada con la crisis del sistema eléctrico, con concentraciones, cacerolazos, barricadas, quema de neumáticos y cortes de calles y rutas.
En algunas regiones, las interrupciones del suministro eléctrico llegaron a extenderse durante 16 horas, profundizando el malestar de una población que enfrenta además problemas vinculados con salarios, empleo, inflación y servicios esenciales.
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Las protestas se multiplicaron durante 2026
Los datos acumulados muestran que las manifestaciones de septiembre no constituyen un fenómeno aislado. Durante los primeros ocho meses de 2026, el OVCS contabilizó 4.656 protestas, frente a las 1.561 registradas durante el mismo período de 2025.
El incremento alcanza aproximadamente el triple y abarca tanto reclamos vinculados con derechos civiles y políticos como demandas relacionadas con las condiciones económicas y sociales.
De acuerdo con el organismo, 2.092 protestas, equivalentes al 44,9%, estuvieron relacionadas con derechos civiles y políticos, mientras que 2.564, el 55,1%, correspondieron a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
La combinación de ambos tipos de reclamos muestra que la conflictividad venezolana no está concentrada exclusivamente en la esfera política. Los problemas cotidianos —electricidad, agua, transporte, salarios, empleo y condiciones de vida— aparecen estrechamente vinculados con las demandas sobre libertades y participación política.
La aprobación de Delcy Rodríguez cae
El aumento de la protesta coincide con un deterioro de los indicadores de respaldo al gobierno interino.
Según la serie mensual Latam Pulse, elaborada por AtlasIntel para Bloomberg, la aprobación de la forma en que Delcy Rodríguez conduce el gobierno pasó del 37% en febrero de 2026 al 24,6% en agosto.
Al mismo tiempo, la evaluación negativa de su administración aumentó considerablemente. La proporción de quienes consideran que el gobierno es «malo o muy malo» pasó del 33,5% al 57,9% durante el mismo período.
Los datos de otras encuestadoras también muestran niveles elevados de insatisfacción. Un estudio de Meganálisis realizado en abril registró niveles de desaprobación superiores al 93% en áreas como economía, servicios públicos y democracia.
En agosto, según ese mismo relevamiento, el 93,2% de los consultados manifestó que su situación económica y su calidad de vida no habían mejorado durante la gestión de Rodríguez.
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También se deteriora la imagen de Trump
El desgaste no parece limitarse al gobierno interino. Los sondeos citados también registran una evolución negativa de la percepción sobre la política estadounidense hacia Venezuela.
Según AtlasIntel, entre febrero y agosto la imagen positiva de Donald Trump entre los venezolanos descendió del 53% al 30%, mientras que la negativa llegó al 45%.
La relación con Washington aparece especialmente vinculada con los acuerdos económicos y petroleros que se encuentran en discusión.
En agosto, el 35,4% de los encuestados manifestó estar a favor del acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela. En contraste, el 50,2% consideró que el convenio beneficiaría principalmente a Estados Unidos y el 51% sostuvo que Venezuela estaría entregando demasiado a cambio de beneficios insuficientes.
Además, el 53% consideró que el acuerdo compromete la soberanía venezolana, mientras que el 55% opinó que el gobierno interino no tendría legitimidad suficiente para comprometer los recursos naturales del país a largo plazo.
Otro relevamiento de Meganálisis, realizado en julio, indicó que el 77,5% de los venezolanos se sentía «decepcionado» por el respaldo de la administración Trump a Rodríguez y a otros integrantes del chavismo.
La transición continúa sin una fecha definida
El problema central que atraviesa esta etapa política es la ausencia de certezas sobre el futuro institucional del país.
La salida de Nicolás Maduro en enero abrió un proceso de transición que todavía no consiguió establecer un calendario electoral definido. Mientras el gobierno de Rodríguez intenta consolidar relaciones internacionales y avanzar en acuerdos económicos, dentro de Venezuela persisten las demandas para que la transición desemboque en elecciones y en una redefinición institucional.
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La situación genera así una tensión entre dos escenarios. En el exterior, Rodríguez intenta mostrar capacidad de interlocución con Washington, Naciones Unidas y organismos multilaterales. En el interior, las protestas reflejan dificultades para responder a demandas sociales acumuladas durante años.
El desafío para el interinato consiste en transformar los acuerdos internacionales y las expectativas generadas por la transición en resultados concretos para una población que continúa reclamando mejores condiciones de vida, servicios públicos confiables y certezas sobre el futuro político.
Mientras tanto, el aumento de las protestas, el deterioro de los indicadores de aprobación y la ausencia de una fecha electoral definida mantienen abierta una de las principales incógnitas de la Venezuela posterior a Maduro: cómo y cuándo el proceso de transición logrará convertirse en una salida institucional con participación ciudadana efectiva.
