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Los veedores designados por el Ministerio de Justicia para auditar a la Asociación del Fútbol Argentino no lograron ingresar este viernes a la sede central de la entidad en la calle Viamonte. Ante las puertas cerradas, los funcionarios dejaron un cuestionario de cuatro páginas debajo de la puerta y luego se dirigieron a las oficinas de la Superliga, también alcanzadas por la intervención.
La visita estaba prevista para las 13 y formaba parte de la investigación impulsada por la Inspección General de Justicia (IGJ), que analiza presuntas irregularidades en los balances contables de la AFA y cuestiona la falta de justificación de unos US$450 millones registrados en los últimos ocho años.
La instrucción del Ministerio de Justicia era que los veedores solicitaran acceso formal a documentación administrativa, societaria y contable para determinar si existieron inconsistencias en el manejo económico de la entidad que preside Claudio Tapia.
Puertas cerradas y una dirección en Pilar
Al llegar a la sede de Viamonte 1366, los técnicos encontraron un cartel que indicaba: “Cerrado, dirigirse a Mercedes 1300, Pilar”.
Esa dirección corresponde al predio al que la AFA intentó trasladar oficialmente sus oficinas administrativas, una maniobra que fue rechazada previamente por la IGJ tras constatar que allí no funcionaban instalaciones operativas ni dependencias administrativas reales.
Desde el Gobierno consideran que el intento de mudar el domicilio legal a la provincia de Buenos Aires buscaba evitar el control de la IGJ, cuya jurisdicción alcanza a las organizaciones radicadas en la Ciudad de Buenos Aires.
Frente a la imposibilidad de ingresar, los veedores optaron por dejar el cuestionario destinado a las autoridades de la AFA y anticiparon que elevarán un informe al Ministerio de Justicia para definir los próximos pasos.
“Las irregularidades están por verse, no se saben”, señalaron fuentes técnicas consultadas tras el operativo frustrado.
Qué investiga el Gobierno
La denuncia presentada por la IGJ sostiene que la AFA incumplió con la presentación en tiempo y forma de documentación aclaratoria vinculada a los estados contables cerrados el año pasado.
Además, el expediente pone bajo análisis la creación de una universidad vinculada a la AFA que, según el organismo, nunca fue registrada formalmente, así como el intento de traslado de sede y distintos acuerdos comerciales con empresas actualmente investigadas por presunto desvío de fondos y lavado de dinero, entre ellas TourProdEnter y SurFinanzas.
Los veedores fueron designados por decreto del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y tienen la misión de acceder a balances, registros administrativos y contratos comerciales para elaborar un informe sobre el funcionamiento institucional y financiero de la entidad.
Tras el fallido inicio de la intervención, ahora será el Ministerio de Justicia el que defina cómo avanzar. Según el plan de trabajo oficial, si la AFA no colabora con el acceso a la información, podrían evaluarse “medidas compulsorias” para obtener la documentación requerida.
