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El conflicto entre el sistema universitario y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo judicial. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un “incidente de ejecución”, un recurso clave que abre la puerta a una eventual denuncia penal contra funcionarios por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso a fines de 2025.
La medida apunta directamente contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Según explicaron fuentes del CIN, se trata de un paso previo a una acusación por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Un conflicto que escala
El eje de la disputa es el incumplimiento de la ley vigente, que obliga al Ejecutivo a recomponer tanto los gastos de funcionamiento de las universidades como los salarios docentes y no docentes, que representan cerca del 90% del presupuesto del sistema.
Desde fines de 2023, el deterioro es significativo. Las universidades recibieron poco más de la mitad de los fondos necesarios para operar —incluyendo servicios básicos y becas— lo que se traduce en una pérdida estimada del 45% en términos reales.
En materia salarial, el impacto es aún mayor: docentes y nodocentes acumulan una caída de 141 puntos frente a la inflación desde la asunción de Javier Milei. La propuesta oficial para 2025, que contempla una recomposición del 12,1%, queda muy por debajo de la inflación anual (35%), mientras que no contempla recuperación alguna para 2024, año en que los precios subieron un 118%.
Estrategia judicial y presión social
Frente a este escenario, los rectores avanzan en una doble estrategia: judicial y política. El “incidente de ejecución” busca obligar al Gobierno a cumplir de manera inmediata con la ley, bajo apercibimiento de sanciones económicas —astreintes— por cada día de demora.
Además, el recurso habilita la intervención de la justicia penal para investigar un posible delito de desobediencia, contemplado en el artículo 239 del Código Penal.
En paralelo, el CIN impulsa la movilización social. Ya fue convocada una nueva Marcha Federal Universitaria para el 12 de mayo, en lo que será la cuarta manifestación masiva en defensa del sistema público.
La advertencia de la Justicia
El conflicto también suma presión desde el ámbito judicial. El juez federal Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, ya había fallado a favor del reclamo universitario y ordenado la actualización de partidas presupuestarias y salarios.
En ese contexto, desde el juzgado se sugirió avanzar con una medida más contundente: el embargo de las cuentas personales de los funcionarios responsables en caso de persistir el incumplimiento. Se trata de una herramienta legal prevista, pero que hasta ahora no fue utilizada por los rectores.
El fallo, ratificado en segunda instancia, exige la aplicación “inmediata” de la ley y advierte sobre “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, especialmente en relación con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.
Un conflicto de fondo
Más allá de las instancias judiciales, el trasfondo del conflicto es estructural. Desde el sistema universitario denuncian un proceso de desfinanciamiento sostenido que, según interpretan, apunta a debilitar la educación pública y abrir el debate sobre su eventual arancelamiento.
Por su parte, el Gobierno impulsa en el Congreso su propio proyecto de financiamiento, con niveles de recomposición muy por debajo de lo reclamado por las universidades.
En ese marco, la posibilidad de una avanzada penal contra funcionarios aparece como un recurso extremo, pero cada vez más cercano. Mientras tanto, el conflicto se traslada a la calle, a los tribunales y al centro del debate político nacional.
