El titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha abierto una nueva causa relacionada con la denominada ‘trama rusa’ del ‘procés’. En esta investigación, ha imputado al expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, por los delitos de malversación de fondos públicos y alta traición. Cabe destacar que el delito de alta traición está excluido de la recientemente aprobada ley de amnistía que cubre los delitos relacionados con el proceso secesionista catalán1.
A pesar de que la Audiencia de Barcelona ordenó a Aguirre que archivara la investigación y anuló las diligencias practicadas a partir de 2023, el magistrado ha encontrado una solución alternativa para continuar con la investigación. En su auto, Aguirre justifica que, por razones de equidad y justicia, así como por la importancia histórica para la Unión Europea, ha decidido abrir una nueva pieza basada en una de las piezas de la macrocausa Volhov, conocida como Catmón1.
En el auto de 58 páginas, el magistrado argumenta que la evolución tecnológica en conflictos militares ha dado lugar a lo que se conoce como “guerra de nueva generación o guerra híbrida”. Por lo tanto, considera necesario reinterpretar los requisitos que definen el delito de alta traición, ya que los cambios en el armamento y la forma en que se ejecuta la guerra han vuelto obsoletas las definiciones anteriores1.
Aguirre sostiene que existen indicios suficientes para investigar las conexiones relacionadas con el Gobierno ruso, los viajes y encuentros de Puigdemont y sus colaboradores. Se cree que estos eventos facilitaron la infiltración de personas de origen ruso en territorio español con el objetivo de influir en las estructuras financieras y en actividades de desinformación, desestabilización y alteración de la paz social1.
La ley de amnistía, aprobada por el Congreso de los Diputados, entró en vigor el 11 de junio.
