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La decisión de la Corte Suprema sobre la cuestión arancelaria terminó exactamente donde la mayoría de los analistas anticipaban: por seis votos contra tres, el tribunal concluyó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) no concede al presidente la facultad amplia que la administración Trump pretendía ejercer.
No se trató de un pronunciamiento político ni de un juicio sobre la conveniencia de la política comercial. Fue, estrictamente, una interpretación jurídica acotada al alcance de una norma específica.
El presidente del Tribunal, John Roberts, sintetizó el criterio mayoritario con una frase directa: “Sostenemos que la IEEPA no autoriza al Presidente a imponer aranceles”. Esa afirmación delimita el fallo con precisión quirúrgica.
La Corte no declaró inconstitucionales los aranceles en sí mismos, ni cuestionó la legitimidad de la agenda comercial impulsada por Donald Trump. Lo que resolvió fue que el estatuto invocado por la Casa Blanca no otorga la delegación necesaria para imponer ese tipo de gravámenes.
El razonamiento central de la mayoría se apoya en un principio constitucional básico. El Artículo I de la Constitución de los Estados Unidos asigna al Congreso la potestad de establecer impuestos, y los aranceles encuadran claramente dentro de esa categoría.
Como recordó Roberts en la opinión del tribunal, el poder de fijar aranceles es “muy claramente una rama del poder tributario”. La propia administración reconoció durante el proceso que el presidente no dispone de autoridad inherente para imponerlos. Por lo tanto, el debate jurídico se redujo a una cuestión puntual: si el Congreso había delegado de manera expresa y clara esa facultad a través de la IEEPA.
La respuesta de la mayoría fue negativa. Y en esa negativa —limitada, técnica y estrictamente legal— se agota el alcance del fallo.
