En su primer día de regreso al cargo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió una controvertida orden ejecutiva que obliga a las prisiones federales a alojar a las mujeres transgénero en instalaciones para hombres y prohíbe los tratamientos médicos relacionados con la transición de género. La medida forma parte de una política más amplia destinada a limitar el reconocimiento gubernamental del género únicamente al sexo asignado al nacer.

La orden, titulada “Defendiendo a las Mujeres del Extremismo de la Ideología de Género y Restaurando la Verdad Biológica al Gobierno Federal”, también se aplica a personas detenidas en centros de inmigración. Este documento amplía restricciones similares implementadas durante el primer mandato de Trump, extendiendo su alcance de manera significativa.

Según la orden, “los esfuerzos por erradicar la realidad biológica del sexo atacan fundamentalmente a las mujeres al privarlas de su dignidad, seguridad y bienestar”. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos transgénero han condenado la medida, advirtiendo sobre los riesgos que representa para la seguridad y la salud de las personas trans encarceladas.

Shannon Minter, directora legal del National Center for Lesbian Rights, señaló que esta política incrementará los casos de abuso sexual y agresiones físicas en las prisiones. “Además, esto perjudica a los funcionarios penitenciarios, quienes ya no podrán tomar decisiones basadas en la seguridad y las necesidades específicas de cada caso”, agregó Minter.

Expertos legales anticipan que la orden ejecutiva enfrentará desafíos judiciales. En 2022, un juez federal en Illinois dictaminó que negar la cirugía de reasignación de género a una reclusa transgénero violaba la Octava Enmienda, que prohíbe el trato cruel e inusual. Richard Saenz, abogado de Lambda Legal, subrayó que las protecciones constitucionales permanecen vigentes incluso para las personas en prisión o detenidas por inmigración.

Estudios federales resaltan la vulnerabilidad de las personas transgénero encarceladas, quienes tienen 10 veces más probabilidades de denunciar abusos sexuales en comparación con otros reclusos. La comunidad trans y los defensores de derechos humanos temen que esta orden ejecutiva profundice estas desigualdades y agrave las condiciones de vida de un grupo ya marginado.