En un lapso de tres meses desde la asunción de Javier Milei como líder del gobierno, su administración ha emprendido una exhaustiva revisión del estado en el que encontraron cada área del Estado argentino. Mientras algunos hallazgos salen a la luz, otros permanecen en la penumbra, aguardando los resultados de las investigaciones en curso.

Un ejemplo destacado proviene de la Secretaría de Medios, dirigida por Eduardo Serenellini, donde se descubrió una deuda de más de 11 mil millones de pesos relacionada con supuestas pautas publicitarias poco claras, actualmente bajo minucioso análisis. Además, en la ex cartera de Mujeres, Género y Diversidad, ahora la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, se destaparon irregularidades que podrían desencadenar acciones judiciales en Comodoro Py. Se investigan transferencias y subsidios que superan los 10 mil millones de pesos anuales destinados a diversas entidades, con resoluciones que justificaban las erogaciones meses después de haberse otorgado.

La atención se centra en la aparente falta de documentos respaldatorios y posibles desvíos de fondos hacia asociaciones vinculadas a movimientos piqueteros y la UTEP, sin justificación adecuada. La ministra Sandra Pettovello supervisa estas investigaciones, que también abarcan denuncias por irregularidades en el programa “Acompañar”, destinado a víctimas de violencia de género, donde transferencias millonarias podrían haber terminado en manos indebidas.

En el ámbito de la salud, se revelan prácticas cuestionables en la adquisición de medicamentos de alto costo, destacando sobreprecios, compras dirigidas y empresas aparentemente ficticias involucradas. La gestión de La Libertad Avanza denunció una presunta compra irregular de medicamentos por más de 65 mil millones de pesos durante la administración de Alberto Fernández. El área de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) fue objeto de cambios y devuelta al Ministerio de Salud, buscando corregir el suministro de medicamentos esenciales que se detuvo tras las elecciones.

Además, se cierran 59 Centros de Referencia (CDR) que operaban como supuestas “cajas de la política”, generando ahorros significativos y enfrentando resistencia debido a las hostilidades generadas. La ministra Pettovello, basándose en auditorías, expuso malas prácticas, como el uso político de vehículos y el posible abuso de tarjetas de combustible.

En una medida controvertida, Pettovello decide dejar de transferir fondos a 281 Unidades de Gestión, alegando irregularidades en la autorización de convenios entre la ex cartera de Desarrollo Social y beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. Esta decisión, sumada a cambios en la distribución de alimentos a comedores, aumenta la tensión con organizaciones sociales.

El gobierno de La Libertad Avanza enfrenta un desafío continuo al auditar la gestión anterior, respondiendo a los lineamientos de Milei y enfocándose en la transparencia y eficiencia en todas las áreas del Estado.”