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Las victorias electorales de Abelardo de la Espriella en Colombia y de Keiko Fujimori en Perú parecen confirmar una transformación política que venía desarrollándose de manera gradual en América Latina desde hace varios años. Más que la simple incorporación de dos nuevos gobiernos al tablero regional, ambos resultados consolidan un nuevo equilibrio político y geopolítico que redefine las prioridades de la región.
Durante gran parte de las primeras décadas del siglo XXI, las elecciones latinoamericanas estuvieron dominadas por una pregunta central: cuál debía ser el papel del Estado en la reducción de la desigualdad social. La expansión de la llamada «marea rosa» fue la respuesta política de sociedades que reclamaban inclusión, redistribución y reparación tras las profundas crisis económicas de los años noventa.
Hoy, sin embargo, la pregunta es otra.
La principal preocupación de millones de latinoamericanos ya no parece ser exclusivamente la desigualdad, sino la seguridad, el orden público y la capacidad efectiva del Estado para garantizar condiciones mínimas de convivencia. El avance del crimen organizado, la expansión territorial del narcotráfico, el incremento de la violencia urbana y la presión migratoria han alterado profundamente la agenda política regional.
En este nuevo escenario, las elecciones comenzaron a organizarse alrededor de demandas diferentes.
La consolidación de gobiernos de centroderecha y derecha a lo largo del corredor del Pacífico sudamericano evidencia este cambio. A los gobiernos de Argentina, Paraguay y El Salvador se suman ahora nuevas administraciones que comparten diagnósticos similares respecto de los principales desafíos regionales.
Sin embargo, interpretar este fenómeno únicamente como un «giro a la derecha» puede resultar insuficiente. Las sociedades latinoamericanas no parecen haber experimentado una conversión ideológica profunda. Lo que cambió fueron sus prioridades.
Durante la etapa de la marea rosa, liderada por dirigentes como Hugo Chávez, Luiz Inácio Lula da Silva, Néstor Kirchner, Evo Morales o Rafael Correa, el crecimiento impulsado por el auge de las materias primas permitió financiar políticas redistributivas y ampliar la protección social. Ese ciclo estuvo acompañado por una búsqueda de mayor autonomía internacional frente a Estados Unidos y por el fortalecimiento de mecanismos de integración regional.
Hoy, en cambio, el eje político parece desplazarse hacia otra promesa: la recuperación del orden.
La seguridad como nuevo eje electoral
Resulta engañoso hablar de una única derecha latinoamericana. Figuras como Javier Milei, José Antonio Kast, Daniel Noboa, Keiko Fujimori o Abelardo de la Espriella representan tradiciones ideológicas y programas económicos distintos.
Sin embargo, todos ellos construyeron parte importante de su legitimidad sobre una promesa compartida: restablecer el orden frente a sociedades que perciben un deterioro creciente de la seguridad pública.
En este contexto, la experiencia de Nayib Bukele adquirió una influencia regional extraordinaria. Más allá de las controversias sobre su modelo institucional, Bukele logró instalar la seguridad como principal activo político y electoral.
Su influencia trasciende ampliamente las fronteras salvadoreñas. Numerosos dirigentes de la nueva derecha latinoamericana no necesariamente replican sus políticas, pero sí adoptan una narrativa basada en liderazgos fuertes, capacidad de decisión y resultados visibles frente al delito.
Un nuevo tablero geopolítico
Este cambio político también tiene consecuencias en el plano internacional.
Durante buena parte del siglo XXI, organismos como UNASUR y CELAC simbolizaron el intento de construir una arquitectura regional relativamente autónoma respecto de Washington.
El rechazo al proyecto del ALCA durante la Cumbre de las Américas de Mar del Plata de 2005 representó quizá el momento más emblemático de esa estrategia.
El nuevo mapa político sugiere, sin embargo, una orientación distinta. Numerosos gobiernos latinoamericanos muestran hoy una mayor predisposición a cooperar con Estados Unidos en cuestiones vinculadas a seguridad, combate al narcotráfico, migración y política exterior.
Esta convergencia adquiere especial relevancia en un contexto de creciente competencia estratégica entre Washington y Pekín.
El papel decisivo de Brasil
En este nuevo escenario, el papel de Brasil adquiere una importancia central.
El gobierno de Lula deja de estar rodeado por administraciones ideológicamente afines y pasa a convertirse en uno de los principales referentes de una izquierda regional cada vez más reducida. Aunque Brasil continúa siendo la principal potencia económica y diplomática latinoamericana, su capacidad para liderar proyectos de integración regional podría verse condicionada por un vecindario con prioridades muy diferentes.
Las próximas elecciones brasileñas podrían terminar de definir el alcance de este cambio. Si la derecha recuperara el Palacio del Planalto, el giro político abarcaría también a la mayor economía de la región y consolidaría un nuevo ciclo latinoamericano.
Más que asistir a un simple triunfo de la derecha, América Latina parece estar atravesando el final de un ciclo histórico y el comienzo de otro.
La verdadera disputa regional ya no parece estructurarse exclusivamente en torno al eje izquierda-derecha. Empieza a configurarse alrededor de dos visiones sobre el lugar de América Latina en el sistema internacional: una que apuesta por ampliar la autonomía estratégica regional mediante una política exterior diversificada y otra que considera prioritario profundizar la cooperación con Estados Unidos y las democracias occidentales frente a desafíos como el crimen organizado y la competencia geopolítica global.
Si esta tendencia termina consolidándose, la mayor victoria de la nueva derecha latinoamericana no será únicamente electoral. Será haber redefinido el patrón de inserción internacional que predominó en la región durante buena parte del siglo XXI.
