En medio de intensos intercambios entre el Gobierno argentino y las autoridades universitarias, así como con los sindicatos, las partes mantienen abiertas las líneas de comunicación en un esfuerzo por resolver el conflicto por el presupuesto de educación superior. Las conversaciones, que transcurren de manera tensa, involucran a figuras clave como el secretario de Políticas Universitarias, Carlos Torrendell, y el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, así como a otros funcionarios del Gobierno y representantes sindicales.

A pesar de las tensiones públicas, las partes han reconocido la existencia de diálogos privados. Recientemente, Gelpi se comunicó con Torrendell para aclarar sus declaraciones sobre las cifras de estudiantes “crónicos”, aunque la UBA desmintió que esta comunicación hubiera sido iniciada por Gelpi. Lo cierto es que ambos lados admiten que se están produciendo conversaciones en busca de un entendimiento.

La titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, tiene la última palabra en las negociaciones, aunque está sujeta a la aprobación del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. Aunque el Gobierno se ha mantenido reservado sobre sus próximos pasos, se anticipa una nueva convocatoria a negociar paritarias con una oferta aún no definida.

Por su parte, en la UBA y en los sindicatos esperan una propuesta que supere el porcentaje actual, insistiendo en que las proyecciones presupuestarias deben ser tratadas en un espacio de negociación estable y no de forma mensual. El objetivo es llegar a consensos tanto en políticas salariales como en los reclamos de transparencia que el Gobierno ha expresado públicamente.

Sin embargo, desde el Ministerio de Capital Humano se cuestiona la viabilidad de una mesa de negociación específica, argumentando que ya se mantiene una relación institucional con los representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios. Mientras las conversaciones se desarrollan, también han surgido protestas masivas impulsadas por las autoridades universitarias y los sindicatos, provocando respuestas contundentes del Gobierno.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusó a los manifestantes de politizar la protesta y sugirió que se trata de un intento desestabilizador, mientras que Torrendell ha insinuado corrupción en las universidades al cuestionar la cantidad de alumnos que efectivamente estudian en la UBA.

A medida que el conflicto se intensifica, el Gobierno se mantiene firme en su intención de vetar la ley de financiamiento aprobada recientemente por el Congreso, y se prepara para hacerlo antes de que venza el plazo legal. A pesar de las diferencias y la tensión palpable, en la Casa Rosada se reconoce la necesidad de mejorar los salarios, aunque se insiste en la búsqueda de fuentes de financiamiento para hacerlo.

Mientras las partes buscan una solución, el futuro de la educación superior en Argentina sigue siendo incierto, con la presión creciente de las manifestaciones y la necesidad de un acuerdo que satisfaga a todas las partes involucradas.