La reciente filtración del Plan de Inteligencia Nacional (PIN) desató un nuevo conflicto entre el Poder Ejecutivo y la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia, presidida por el senador radical Martín Lousteau. Mientras el Gobierno responsabiliza a la comisión legislativa por la difusión del documento, desde la UCR recuerdan que aún no se ha esclarecido el atentado contra el Comité Nacional del partido, ocurrido poco después de la primera filtración del plan estratégico de la ex SIDE (hoy AFI).
El PIN, presentado en octubre de 2024, incluía –según trascendidos– medidas orientadas a reforzar el control sobre el discurso público con el objetivo de evitar vulneraciones al “relato oficial”. La iniciativa generó objeciones entre legisladores, que advirtieron sobre posibles violaciones a las garantías constitucionales, especialmente en lo que respecta a la libertad de expresión.
La controversia se intensificó tras la publicación de un artículo en el diario La Nación, que reveló que el plan podría contemplar acciones de inteligencia interna para identificar y neutralizar a quienes “erosionen la confianza pública en los funcionarios y en las políticas económicas”. Frente a estas acusaciones, la Oficina del Presidente difundió un comunicado negando cualquier intención persecutoria y afirmó que el programa no está dirigido contra opositores, periodistas ni adversarios políticos.
Sin embargo, la preocupación no es nueva. En noviembre pasado, La Política Online ya había advertido sobre la supuesta habilitación a la SIDE para realizar tareas de inteligencia interna, incluso con la intención de prevenir acciones que pudieran alterar las relaciones con países aliados como Estados Unidos e Israel.
Más recientemente, el periodista Hugo Alconada Mon publicó que el PIN incluiría un mapeo de sectores estratégicos que podrían “erosionar la confianza en el sistema financiero” o “provocar una pérdida de credibilidad en la política económica nacional”.
En este contexto, el Ejecutivo remarcó que el contenido del Plan de Inteligencia Nacional es secreto y su difusión constituye un delito federal. Mientras tanto, se espera una respuesta institucional por parte de la Comisión Bicameral, que deberá pronunciarse en medio de un clima de creciente desconfianza entre los poderes del Estado.
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