El nombramiento de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla por decreto presidencial desató una ola de repudios en el Senado, donde la oposición amenaza con bloquear sus pliegos. Con apenas 25 votos, podrían impedir la ratificación de los jueces y desestabilizar el funcionamiento del máximo tribunal durante el resto de 2025.
El interbloque de Unión por la Patria (UxP) reafirmó su postura contra los nombramientos por decreto y calificó la medida de “inconstitucional”. A esta postura se sumaron senadores radicales y legisladores de Provincias Unidas, aumentando la presión sobre el oficialismo.
Mientras el Gobierno defiende la maniobra como una solución temporal ante la falta de quórum en la Corte Suprema, en la oposición acusan a la Casa Rosada de negarse al diálogo y de intentar imponer candidatos sin consenso.
La prueba de fuego será en el inicio de las sesiones ordinarias, donde el Senado deberá decidir si rechaza formalmente los pliegos. De ser así, la Corte quedaría en una encrucijada: ¿tomará juramento a los jueces designados o deberá decidir sobre la legitimidad de sus propios integrantes?
